Naranja Mandarina, una micropyme textil de la ciudad de Junín que se dedica a la fabricación y venta de ropa infantil y preadolescente, enfrenta una situación desesperante. A pesar de haber logrado mantenerse a flote durante 12 años de trayectoria, la empresa se encuentra al borde de la quiebra debido a un fallo judicial millonario y un embargo que excede por mucho su capacidad operativa.
La historia de Naranja Mandarina es la de una pyme que, con esfuerzo y perseverancia, logró destacarse en el competitivo mercado textil. Con un local en Junín y presencia en diversas localidades bonaerenses, la empresa había resistido las dificultades económicas del sector. Sin embargo, la situación dio un giro dramático cuando un juicio laboral impuso una condena de $190 millones por un despido.
La causa se originó en 2022, cuando un distribuidor de la marca, que había trabajado con la empresa desde su fundación, demandó a Naranja Mandarina tras considerar que había sido despedido injustamente. En un principio, el conflicto parecía ser una disputa comercial, pero rápidamente fue encuadrado como un litigio laboral, lo que derivó en una sentencia que condenaba a la empresa a pagar $14 millones, una suma considerable para una pyme.
Sin embargo, lo peor estaba por venir. La aplicación del “fallo Barrios”, que establece la responsabilidad de la empresa por indemnizaciones a empleados que sufren accidentes laborales, multiplicó la condena de manera desmesurada. La sentencia incorporó una tasa de interés del 6% y multas, elevando la cifra final a $190 millones.
El golpe no terminó ahí. Además de la condena, la empresa fue embargada por un monto de $330 millones, cifra que supera con creces la facturación anual de Naranja Mandarina. Esto ha dejado a la pyme en una parálisis total, sin poder cobrar ni pagar a proveedores, empleados o el fisco.
Mariana Cademartori, socia mayoritaria y dueña de Naranja Mandarina, explicó con desesperación la gravedad de la situación: “No podés cobrar, no podés pagar a proveedores ni a empleados, ni impuestos. Todos los cheques te vuelven, el giro comercial está roto”, señaló.
Con la temporada de ventas suspendida y la imposibilidad de asumir nuevos compromisos, Cademartori advirtió que, si la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no interviene antes de la feria judicial de enero, la empresa se verá obligada a entrar en concurso de acreedores. “Nuestra esperanza está puesta en que la Corte resuelva este absurdo. Si no, la quiebra será inevitable”, afirmó con tristeza.
En medio de este caos, Naranja Mandarina también enfrenta una problemática estructural que afecta a muchas pequeñas y medianas empresas en Argentina: el creciente número de litigios laborales. En los últimos años, la litigiosidad laboral ha aumentado considerablemente, con muchos pequeños empresarios enfrentando demandas por accidentes laborales que, en algunos casos, tienen consecuencias desproporcionadas para empresas de tamaño reducido.
“La justicia laboral tiene que entender que estamos hablando de una micropyme, no de un gran corporativo. Si la Corte no interviene, no vamos a poder seguir adelante”, concluyó Cademartori, cuya empresa podría ser una de las tantas que sucumban ante lo que considera una “industria del juicio” que afecta particularmente a las pymes.
El futuro de Naranja Mandarina, y de muchas otras pequeñas empresas del país, depende ahora de una decisión judicial que podría marcar la diferencia entre la continuidad de la empresa o su desaparición.
Agencia MTR