El comercio ilegal continúa ganando terreno en Argentina y representa una amenaza creciente para la economía formal. Así lo indica el informe “Soberanía Informal”, elaborado por la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte que la actividad informal ya alcanza el 60% del Producto Bruto Interno, una cifra estimada en más de 350.000 millones de dólares.
El documento identifica como principales manifestaciones del comercio ilegal la venta callejera, la comercialización de productos falsificados, el empleo informal y la oferta de productos a través de redes sociales y marketplaces sin control. “Es un flagelo para la economía nacional”, señala su autor, Fabián Hryniewicz, director de la Comisión.
Las consecuencias de este fenómeno son múltiples. A nivel económico, genera una pérdida sistemática de empleos formales, una competencia desleal que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, y una fuerte caída en la recaudación fiscal en todos los niveles del Estado. A nivel sanitario, pone en circulación productos peligrosos, como medicamentos falsificados o herramientas de mala calidad que pueden ocasionar accidentes graves.
Sergio Angiulli, presidente de CAFARA y co-organizador de ExpoFerretera, advierte: “El comercio ilegal es enemigo de cualquier proyecto de construcción de una economía saludable. Nuestro sector es uno de los más perjudicados”.
En los territorios fronterizos, el problema se agrava. Las asimetrías económicas y legales entre países, sumadas a la falta de controles efectivos y a vacíos normativos, fomentan el crecimiento de redes informales que movilizan miles de millones de dólares al año.
El informe también propone soluciones, entre ellas: programas estatales de formalización, fortalecimiento de espacios de cooperación regional, restricciones al uso de efectivo, y reformas legislativas que eliminen incentivos para la informalidad laboral.
A modo de cierre, Hryniewicz plantea un llamado a la acción: “Nosotros somos los eternos perjudicados. Hoy debemos ser punta de lanza y llevar nuestro reclamo a cuanto legislador, gobernante, juez y fiscal podamos llegar”.
Agencia MTR