El prevaricato constituye uno de los delitos más graves que puede cometer un juez: dictar resoluciones a sabiendas de que son contrarias a la ley y a la justicia. Se trata de una figura que ataca directamente la esencia de la función judicial, basada en la imparcialidad, la legalidad y la confianza pública en las instituciones.
En este marco, el juez de Paz de 9 de Julio, Alejandro Casas, quedó bajo investigación en la causa “Casas Alejandro s/ Prevaricato Judicial” (Expediente PP-09-00-012250-25/00). Sin embargo, la investigación enfrenta un obstáculo inusual: todos los fiscales del Departamento Judicial de Mercedes se excusaron de intervenir, lo que obligó al fiscal general Dr. Pablo Alejandro Merola a elevar las actuaciones a la Procuración General bonaerense, que ahora deberá definir si radica el expediente en otro distrito judicial.
El caso no es el primero que involucra al magistrado. Años atrás, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció la existencia de un episodio de acoso contra una empleada del Juzgado de Paz de 9 de Julio. No obstante, a pesar de la constatación del hecho, no se aplicaron sanciones disciplinarias.
La conjunción de denuncias por prevaricato y antecedentes por acoso reavivó el debate sobre la conducta del juez y el funcionamiento de los mecanismos de control judicial. La resolución de la Procuración General será clave para determinar cómo continúa la investigación y en qué jurisdicción avanzará el proceso.
Agencia MTR