La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conducida por Guido Lorenzino, y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reclamaron al gobierno nacional la suspensión inmediata de las bajas de pensiones no contributivas a personas con discapacidad en todo el país. La medida surge tras detectarse miles de suspensiones en el marco de un proceso de auditoría que, según denunciaron, vulnera derechos fundamentales.
En una presentación formal ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Defensoría exigió la restitución urgente de las pensiones suspendidas en la provincia de Buenos Aires y la ampliación de una medida cautelar que la Justicia ya concedió a la Defensoría del Pueblo de Formosa, con el fin de evitar desigualdades territoriales.
“Limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible, donde personas en idéntica situación reciben un trato diferente según su domicilio, lo que va incluso en contra del derecho constitucional de igualdad ante la ley”, sostuvo Lorenzino.
La Defensoría bonaerense denunció múltiples irregularidades en el procedimiento de auditoría llevado adelante por la ANDIS: desde la suspensión de beneficios sin notificación fehaciente, hasta exigencias burocráticas desproporcionadas que no consideran la situación de vulnerabilidad de los beneficiarios.
Entre las problemáticas relevadas, se destacan las dificultades para acceder a las citaciones —enviadas por telegramas o cartas documento con lenguaje técnico y plazos reducidos—, así como obstáculos económicos y logísticos para asistir a los controles médicos requeridos. Además, se registraron casos en los que las notificaciones nunca llegaron a destino debido a fallas en el sistema de correo utilizado, y demoras de años en la evaluación de nuevas pensiones.
En la nota enviada a la ANDIS, la Defensoría recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —con jerarquía constitucional en Argentina— obliga al Estado a garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.
Ante este escenario, la Defensoría solicitó a la Agencia Nacional de Discapacidad que:
Restituya de manera urgente las pensiones suspendidas.
Se abstenga de ejecutar nuevas bajas unilaterales.
Suspenda los procedimientos de auditoría actuales hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad.
Informe de forma clara y pública los criterios utilizados para definir el otorgamiento o suspensión de pensiones.
Transparentar el número de pensiones interrumpidas en la provincia.
Agilice los trámites de nuevas pensiones pendientes.
“Estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad que requiere respuestas inmediatas. Las personas con discapacidad no pueden ver interrumpido un ingreso básico que es de carácter alimentario, mucho menos sin fundamentos claros ni notificación fehaciente. La Defensoría va a seguir reclamando que se respeten los estándares internacionales y los derechos adquiridos”, concluyó Guido Lorenzino.
Agencia MTR