El Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentará un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el pago de una deuda acumulada de $12,1 billones por parte del Estado nacional. Así lo anunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en una conferencia de prensa junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios.
“La Nación le debe a la Provincia $12,1 billones”, afirmó Bianco, y detalló que la cifra incluye deudas directas por $3,04 billones, saldos impagos de obras públicas paralizadas por $6,90 billones, y unos $2,16 billones por programas nacionales interrumpidos o demorados. “Se han producido avances en otras causas similares de distintas provincias, pero no en la que Buenos Aires presentó en abril de 2024”, señaló el funcionario.
Durante la presentación, la administración bonaerense compartió un informe exhaustivo que detalla las obligaciones pendientes del Gobierno nacional, con cifras actualizadas a junio de 2025. El objetivo, explicaron, es visibilizar el impacto financiero y social que tienen estas transferencias incumplidas.
En relación con la obra pública, Gabriel Katopodis denunció que el Gobierno nacional “frenó mil obras en territorio bonaerense” y acusó directamente al presidente Javier Milei: “Se robó la plata de los impuestos que por ley están destinados a infraestructura”. Según el ministro, entre 2024 y el primer semestre de 2025, la Nación recaudó $3,6 billones que debían aplicarse a obras públicas pero que no fueron ejecutados. “En un año y medio destruyeron la infraestructura. Es fácil destruirla, pero cuesta mucho volver a ponerla en condiciones. Nos va a salir muy caro”, advirtió.
El informe oficial clasifica la deuda en tres grandes bloques. Las deudas directas incluyen partidas clave como las transferencias de ANSES a la caja previsional provincial, compensaciones del Consenso Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y convenios de asistencia financiera. También figuran fondos para salud sexual y reproductiva, medicamentos, equipamiento sanitario y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal.
El segundo rubro corresponde a obras públicas paralizadas, que involucran convenios con municipios, programas de vivienda (Procrear, Casa Propia), obras educativas, sanitarias y de infraestructura urbana. El monto estimado es de $6,9 billones.
Finalmente, se calcula una deuda adicional de $2,2 billones por la discontinuidad o el retraso de programas nacionales como Acompañar, Potenciar Trabajo, Clubes a la Obra y Remediar, además de asistencia alimentaria y fondos para emergencias climáticas. Desde la Provincia destacaron el impacto social y territorial que tienen estos programas en sectores vulnerables.
Con este nuevo reclamo ante la Corte Suprema, la provincia de Buenos Aires busca reactivar judicialmente su demanda y forzar al Gobierno nacional a saldar sus compromisos. El conflicto, de fondo, vuelve a poner en tensión el reparto de fondos entre Nación y provincias en el actual contexto de ajuste fiscal.
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Agencia MTR