El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez criticó este lunes el decreto 534/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei vetó en su totalidad tres proyectos de ley sancionados por el Congreso: la recomposición de las jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad.
“El decreto presenta serias falencias constitucionales y convencionales”, expresó Gil Domínguez, quien señaló que el Poder Ejecutivo utiliza una interpretación parcial de la Constitución Nacional para justificar el veto.
Según explicó, el decreto hace foco en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución, que impone al Congreso el deber de defender el valor de la moneda, pero omite deliberadamente que ese mismo artículo también le exige al Congreso “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social” y que el inciso 23 obliga a “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y el pleno goce de los derechos humanos, en especial respecto de los ancianos y las personas con discapacidad”.
“Con lo cual, el argumento se basa en la ignorancia o en la mala fe”, afirmó el letrado.
Además, Gil Domínguez rechazó el cuestionamiento que hace el decreto a la validez de la sesión del Senado en la que se aprobaron las leyes, al considerarlo “jurídicamente infundado” y un intento del Ejecutivo de “invadir las prerrogativas del Poder Legislativo”.
“Concluir que el procedimiento legislativo constituyó un atentado contra la Constitución Nacional también se basa en la ignorancia o en la mala fe”, sostuvo, en línea con su análisis publicado recientemente en La Nación sobre la validez del debate parlamentario.
En cuanto a la objeción del Gobierno sobre la viabilidad fiscal de las iniciativas vetadas, el constitucionalista recordó que el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —norma con jerarquía constitucional— impone al Estado argentino la obligación de utilizar “el máximo de los recursos disponibles” para garantizar progresivamente la efectividad de los derechos económicos y sociales, “inclusive mediante medidas legislativas”.
“Las leyes vetadas son normas progresivas que amplían derechos prestacionales a sectores vulnerables”, remarcó Gil Domínguez. Y agregó: “Todas ellas cuentan con fuente de financiamiento. ¿Qué pasa si no alcanza, como sostiene el oficialismo? Como no hay ley de presupuesto 2025 por decisión del gobierno, el Poder Ejecutivo debe reconducir partidas, tal como hizo para pagar intereses de deuda o transferir fondos a la SIDE”.
Por último, denunció que el Ejecutivo está impulsando “una reforma constitucional indirecta” al colocar como prioridad máxima el equilibrio fiscal, incluso por encima de los derechos sociales.
“La Constitución establece un orden socioeconómico. El gobierno sólo puede discutir los medios para cumplirlo, no imponer como fin superior el superávit fiscal. Estamos ante una imposición que afecta directamente a los sectores más vulnerables”, concluyó.
Agencia MTR