En un duro pronunciamiento dirigido a la presidenta del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, concejala Marta Bathis, el cuidado de ese distrito, Miguel Miguel Vidal expresó su “absoluto rechazo” a la nota oficial que recibió el pasado viernes 30 de mayo, en respuesta a dos pedidos de información realizados vía WhatsApp los días 29 y 30 del mismo mes.
La controversia gira en torno a la exclusión del Orden del Día correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, prevista para esta noche de lunes 2 de junio, de cuatro peticiones que abordan temas sensibles sobre el funcionamiento del Concejo y el accionar de algunos de sus miembros.
Entre los puntos cuestionados por el ciudadano se encuentran:
Petición del 16 de mayo (Orden 18.007): Exhortación a los concejales a no aprobar el despacho de la Comisión Anticorrupción que proponía el archivo definitivo del expediente 6577/23, vinculado a la responsabilidad política del secretario de Hacienda, Cr. Alfredo Zambiasio.
Petición del 20 de mayo (Orden 18.015): Solicitud del derecho a réplica frente a lo que consideró “manifestaciones inexactas, agraviantes y maliciosas” de los concejales Pablo Aguirre y Alberto Rodríguez Mera durante la Sexta Sesión.
Petición del 26 de mayo (Orden 18.024): Pedido de destitución con causa del concejal Aguirre por “engañar a la comunidad y a sus colegas”, cuya denuncia fue además publicada por el medio Cadena Nueve.
Petición del 28 de mayo (Orden 18.025): Presentación de un anexo titulado “La verdad de los acontecimientos”, como complemento documental de la petición anterior.
Miguel Vidal sostiene que la respuesta brindada por la presidenta Bathis “carece de contenido cualificado, no es de fondo, ni suficiente ni congruente” con lo solicitado, por lo que manifiesta su rechazo pleno. Asimismo, afirma que la nota del 30 de mayo no habría sido remitida con copia a los concejales, motivo por el cual exige su circulación previa al inicio de la sesión.
Además, solicita que su rechazo sea tratado en la reunión de presidentes de bloque previa a la sesión, y advierte que la omisión en el tratamiento de sus peticiones no solo vulnera derechos constitucionales, sino que podría configurar una conducta delictiva perseguible de oficio.
La nota finaliza con un llamado a la presidenta del cuerpo para que actúe “con transparencia”, acompañado de un saludo formal.
La situación abre un nuevo capítulo de tensión institucional en el seno del HCD local, donde la falta de tratamiento de presentaciones ciudadanas vinculadas a denuncias de gravedad podría derivar en consecuencias políticas y judiciales.
Agencia MTR