La Agencia Nacional de Discapacidad -ANDIS- se encuentra en el centro de la polémica luego de que se hiciera pública una resolución que contenía expresiones altamente discriminatorias hacia las personas con discapacidad.
En un anexo publicado en el Boletín Oficial, se utilizaron términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a pacientes, lo que desató un escándalo en el ámbito político y social. Como consecuencia, Miriam Améndola, quien iba a asumir el cargo de Coordinadora de Fiscalización Médica en la ANDIS, fue desvinculada de su puesto, y la resolución cuestionada quedó sin efecto y se va a redactar la nueva normativa.
El anexo, que formaba parte de la Resolución 187, contenía una serie de normativas relacionadas con la fiscalización de los servicios médicos en el ámbito de la discapacidad. Sin embargo, el uso de terminología obsoleta y estigmatizante en el documento generó un rechazo inmediato. La referencia a personas con discapacidad utilizando términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” fue ampliamente criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y asociaciones de discapacidad, que consideraron que dichas expresiones no solo eran ofensivas, sino que también perpetuaban la discriminación.
Miriam Améndola había sido designada para ocupar el cargo de Coordinadora de Fiscalización Médica en la ANDIS, puesto que iba a reemplazar a Tatiana Alvarado, quien había sido parte de la redacción de la resolución pero renunció antes de la publicación oficial del documento. Aunque Améndola aún no había asumido oficialmente el cargo, su vinculación con la resolución polémica motivó su desvinculación inmediata. La situación agravó la intervención del Ministerio de Salud, que decidió anular la Resolución cuestionada.
El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, reconoció que se trató de un “grave error” y admitió que el uso de estos términos respondía a una “terminología obsoleta” que no se ajustaba a los estándares internacionales sobre discapacidad.