La incidencia de la pobreza en Argentina alcanzó al 28,2% de las personas durante el segundo semestre de 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 6,9%, según datos oficiales. Esto representa una disminución de 9,9 puntos porcentuales en la pobreza y de 1,9 puntos en la indigencia respecto al mismo período de 2024.
No obstante, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que esta mejora debe analizarse con cautela, ya que responde en parte a cambios metodológicos y a distorsiones en la medición de las canastas básicas, más que a una recuperación estructural de los ingresos.
Uno de los principales cuestionamientos señalados por el CEPA apunta a las modificaciones implementadas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Desde fines de 2023, estas mejoras permitieron captar con mayor precisión ingresos no laborales, como la Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas y el programa Progresar. Según el informe, este cambio estadístico influyó directamente en la reducción de la pobreza medida, sin implicar necesariamente una mejora real en las condiciones de vida.
El CEPA también destaca inconsistencias en los ingresos de los trabajadores no registrados. Este segmento mostró un aumento real del 25,5% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, una evolución que rompe con su relación histórica con el Salario Mínimo, Vital y Móvil y que resulta contradictoria con un contexto de contracción del mercado laboral. Para la entidad, esto refuerza la hipótesis de que la suba está explicada por mejoras en la medición y no por un crecimiento genuino.
Otro de los puntos críticos señalados en el informe es la subestimación de la Canasta Básica Total (CBT). La metodología utilizada no reflejaría adecuadamente el peso creciente de servicios y transporte en el gasto de los hogares, rubros que registraron fuertes incrementos en el último período. Esto deriva en una línea de pobreza artificialmente baja, que ubica a más hogares por encima de ese umbral sin una mejora sustancial de sus ingresos reales.
En cuanto a los factores que explican la evolución de la pobreza, el CEPA identifica la desaceleración de la inflación de alimentos —con un promedio mensual del 2,2% durante el segundo semestre— y la caída real de las canastas básicas, con retrocesos del 5,7% en la CBT y del 4,7% en la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Asimismo, se registró una mejora en indicadores como el RIPTE y en los ingresos no registrados, aunque el informe insiste en que estos datos deben interpretarse con cautela debido a los cambios en la captación estadística.
En contraste, los sectores más vulnerables experimentaron un marcado deterioro en sus ingresos. La Tarjeta Alimentar perdió un 16,1% en términos reales interanuales, los planes sociales cayeron un 10,5% —afectados además por el congelamiento de sus montos— y la jubilación mínima con bono registró una baja del 3,4% en su poder adquisitivo.
Respecto a los trabajadores registrados, el informe del CEPA señala que la mediana del salario neto del sector privado logró una recuperación parcial frente a la CBT, pasando de cubrir el 74,1% a un 96,9% a mediados de 2025. Sin embargo, hacia fin de año volvió a deteriorarse, cerrando en el 94%. Esto implica que la mitad de los asalariados formales no alcanza a cubrir el costo de una canasta básica, consolidando el fenómeno de los “trabajadores pobres”.
De cara al primer semestre de 2026, el CEPA advierte sobre riesgos que podrían revertir la tendencia a la baja de la pobreza. Entre ellos, la aceleración de la inflación de alimentos —que ya promedia el 4% mensual en el inicio del año— y el deterioro esperado en ingresos clave como el salario mínimo, los programas sociales y las jubilaciones, cuyos montos permanecen rezagados frente a la inflación.
En este contexto, el informe concluye que, si bien las cifras oficiales muestran una mejora significativa, persisten dudas sobre su sostenibilidad y sobre el verdadero alcance de la recuperación social en Argentina.
Agencia MTR