La provincia de Buenos Aires enfrenta un cambio estructural en su sistema educativo: en los próximos cinco años habrá más de 510 mil alumnos menos en el nivel primario, según un informe reciente de Argentinos por la Educación. La disminución, asociada al fuerte descenso de la natalidad, no solo impactará en la cantidad de estudiantes, sino que modificará de manera profunda el tamaño de las aulas y la organización escolar.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, Buenos Aires registrará una baja del 30,5% en la matrícula de primaria hacia 2030, lo que la convierte en la jurisdicción con mayor caída absoluta del país. En términos concretos, casi uno de cada tres alumnos que hoy cursa ese nivel no estará dentro del sistema educativo en los próximos cinco años.
Aulas más chicas
El impacto se sentirá con fuerza en las escuelas. Si se mantiene la cantidad actual de secciones —el escenario que utiliza el informe para proyectar—, las clases numerosas pasarán a ser una rareza.
En 2023, dos de cada tres alumnos bonaerenses asistían a cursos con 25 o más estudiantes. Para 2030, ese esquema se revertirá por completo. Las estimaciones indican que el 63% de los alumnos de primaria estará en aulas con menos de 20 chicos.
En particular, las secciones de entre 15 y 19 estudiantes concentrarán cerca de la mitad de la matrícula total, mientras que los cursos de 30 alumnos o más prácticamente desaparecerán del sistema.
Un desafío para el sistema educativo
En sus conclusiones, el informe advierte que “la reducción de la matrícula hacia 2030 representa un desafío para reorganizar los recursos educativos”. En ese sentido, propone revisar secciones con baja matrícula, reasignar cargos docentes y tomar decisiones que resulten costo-efectivas, basadas en evidencia.
Entre las alternativas posibles se mencionan la reorganización de secciones y escuelas con pocos alumnos, la reasignación de docentes hacia tutorías o parejas pedagógicas, la extensión de la jornada escolar y el fortalecimiento de programas no académicos.
Asimismo, el documento plantea que, en un contexto de restricción fiscal, otra opción es reorientar gradualmente parte de los recursos —de manera planificada y respetando los derechos adquiridos— hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o sistemas de evaluación y acompañamiento docente, mediante una estrategia de mediano plazo y en diálogo con las jurisdicciones.


