En un reciente informe, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en profundidad la estrategia que adoptó el Gobierno luego de la corrida cambiaria de fines de julio, la cual llevó al tipo de cambio oficial a superar la barrera psicológica de los $1200 y a subir un 12,3% en tan solo un mes. A partir de ese episodio, el equipo económico dejó atrás el discurso de libre flotación y adoptó una postura intervencionista y contractiva, con el objetivo de mantener al dólar bajo control a toda costa hasta las elecciones de octubre.
El informe destaca que, si bien desde el Ejecutivo se insiste con que el tipo de cambio “flota libremente” y se niega cualquier efecto de traslado a precios (pass-through), los hechos muestran otra realidad. Según CEPA, el Gobierno sostiene un “sesgo bajista” sobre el dólar mediante dos grandes pilares: la intervención en el mercado de futuros y el estrangulamiento de la liquidez en pesos a través de políticas monetarias cada vez más duras.
Cambios en la intervención: del corto al largo plazo
Una de las principales modificaciones que detectó CEPA tiene que ver con la intervención en el mercado de dólar futuro. Mientras que durante julio el Banco Central se enfocó en los contratos de corto plazo —julio y agosto, con vencimientos menores a 60 días—, en agosto desplazó su estrategia hacia contratos de vencimiento más largo, incluso hasta 2026. Esto no solo busca descomprimir la presión inmediata sobre el dólar, sino también anclar las expectativas del mercado cambiario de cara a un proceso electoral incierto.
Al mismo tiempo, el Gobierno dejó de utilizar los REPO como puente financiero entre licitaciones para absorber pesos, y pasó a implementar un aumento inesperado de los encajes bancarios, forzando una mayor inmovilización de liquidez por parte del sistema financiero.
Suba de encajes: ajuste, tensión y consecuencias
El informe de CEPA detalla que la suba de encajes fue progresiva y sorpresiva. En julio, se había anunciado una primera suba del 20% al 30%. Sin embargo, tras la licitación del 29 de julio —en la que se liberaron $2,8 billones—, el Gobierno decidió aplicar una nueva suba, del 30% al 40%, de forma retroactiva. Esto obligó a los bancos a inmovilizar más pesos, reduciendo su capacidad de prestar y de renovar deuda del Tesoro.
Además, se introdujeron cambios regulatorios que, sin aumentar formalmente el porcentaje de encaje, exigieron su integración diaria y establecieron mayores penalizaciones, forzando a los bancos a adoptar una posición más conservadora.
El impacto fue inmediato: en la licitación del 13 de agosto, aunque se esperaba liberar $3,8 billones, el BCRA subió los encajes por un monto equivalente a $4,3 billones. El resultado fue una absorción neta de $500.000 millones del mercado, profundizando el ajuste monetario.
Tasas volátiles, crédito en caída
Este endurecimiento de la política monetaria tuvo efectos inmediatos sobre las tasas de interés. Según CEPA, la volatilidad en el mercado es clara: cuando hay pesos en circulación, las tasas se desploman; pero cuando el BCRA absorbe, las tasas se disparan. Esto genera un contexto de incertidumbre financiera que afecta directamente al crédito y a las empresas.
En particular, las tasas de Adelantos en Cuenta Corriente —instrumento habitual de financiamiento PyME— superaron el 90% TNA en algunos momentos. Desde CEPA estiman que el desarme de las Letras de Financiamiento (LEFI) implicó un costo extra de más de USD 100 millones para las empresas, además de una caída en los montos negociados.
“El Gobierno estuvo dispuesto a pagar el costo de tasas irrisorias y volatilidad con tal de absorber los pesos necesarios para que el dólar no continúe al alza. Cuidar la actividad económica no estuvo en consideración”, asegura el informe.
Un modelo que muestra signos de agotamiento
A pesar del endurecimiento, el propio esquema comienza a mostrar límites. En las últimas semanas, el Gobierno dio señales de marcha atrás: reinstaló el corredor de tasas, que había desaparecido junto con la flexibilización del cepo, y volvió a operar en el mercado de pases, estableciendo un piso del 41% TNA y un techo en torno a REPO + 2%.
También intervino en el mercado secundario de LECAP para frenar la caída de los bonos del Tesoro, que sufrían por el alza de tasas y el deterioro del contexto financiero global.
“Este esquema de política monetaria a todas luces insostenible parece haber caducado”, concluye CEPA. A partir de ahora, el equipo económico deberá reconfigurar el rumbo, independientemente del resultado electoral.
Qué mirar en la semana: dos fechas clave
El informe del CEPA también identifica dos eventos fundamentales para los próximos días:
Martes 27 de agosto: el Tesoro enfrenta vencimientos por $13,8 billones. Aunque el 34% está en manos del BCRA y será canjeado, el nivel de refinanciamiento que logre el Gobierno será clave para evitar nuevos sobresaltos financieros.
Viernes 29 de agosto: el BCRA publicará el balance cambiario, con foco en la cuenta corriente, la balanza turística y la formación de activos externos. El resultado permitirá medir la presión sobre las reservas y el éxito (o no) de las intervenciones oficiales.
El Centro de Economía Política Argentina sostiene que el Gobierno tomó una postura clara: controlar el dólar hasta las elecciones, cueste lo que cueste. Esto implicó sacrificar el crédito, la estabilidad financiera y la actividad económica. Sin embargo, los márgenes para sostener esta estrategia se achican cada vez más. El desafío que viene será reconstruir credibilidad y recomponer el esquema monetario, cualquiera sea el resultado electoral de octubre.
Agencia MTR