La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) confirmó este lunes la suspensión de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el presidente de la Nación. El decreto, que había generado un fuerte rechazo gremial, ampliaba las restricciones al derecho de huelga en sectores considerados esenciales como el transporte, la educación y la salud.
La decisión fue tomada por la Sala IV de la CNAT, que respaldó el fallo de la jueza de primera instancia Moira Fullana, quien había hecho lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). En su fallo, Fullana consideró que el DNU atentaba contra la libertad sindical al vulnerar el derecho de huelga consagrado por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Constitución Nacional.
El decreto establecía que en casos de huelga, los servicios esenciales debían garantizar como mínimo un 75% de su funcionamiento habitual, y un 50% en los servicios considerados de “importancia trascendental”. Para los gremios, estas exigencias hacían impracticable el ejercicio del derecho de huelga y, al establecerlas por decreto, el Ejecutivo se arrogaba facultades que corresponden al Congreso.
Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado coincidieron en que el DNU excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo, reafirmando que cualquier reforma al régimen de huelga debe pasar por el debate legislativo. “Se trata de una cuestión que involucra derechos fundamentales y, por tanto, requiere un tratamiento legal por parte del Congreso de la Nación”, señalaron.
La CGT, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), había impulsado la acción judicial solicitando la inconstitucionalidad de los artículos por vulnerar el principio de división de poderes y los derechos sindicales. La medida cautelar dictada la semana pasada, y ahora ratificada, implica la suspensión inmediata de los artículos hasta que haya una resolución definitiva.
El fallo representa un revés judicial para el Gobierno, que había presentado el DNU como parte de su política de reforma del Estado y ordenamiento económico. Por el momento, los gremios celebran lo que consideran “una victoria en defensa de los derechos laborales fundamentales”, mientras se espera la resolución de fondo sobre la constitucionalidad del decreto en su totalidad.


