El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) comunicó oficialmente su rechazo y no participación en las siete audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para debatir la implementación de la Etapa II y III de la Red Federal de Concesiones (RFC).
Las jornadas, previstas entre el 11 de junio y el 7 de julio en diferentes provincias del país, tienen como objetivo presentar los nuevos corredores viales nacionales a licitar, bajo el régimen de concesión con peaje directo.
Según la entidad, las audiencias tienen carácter “no vinculante” y son “un simple formalismo”, ya que las decisiones sobre los contratos de concesión ya estarían tomadas de antemano. “Se trata de un decorado escenográfico para simular participación ciudadana”, expresa el comunicado difundido por CONADUV, en el cual tildan al proceso como una “burla” y “falta de respeto a los usuarios viales”.
La Red Federal de Concesiones abarca alrededor de 9.100 kilómetros de rutas nacionales. La Etapa II incluye más de 4.400 kilómetros, incluyendo la Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas, mientras que la Etapa III contempla corredores en provincias como Mendoza, Tucumán, Chaco y Entre Ríos. Según el Gobierno Nacional, el objetivo es mejorar la operación y mantenimiento de estas rutas mediante concesiones privadas.
Sin embargo, desde CONADUV advierten que el nuevo esquema implica la continuidad del sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito”, que califican como técnicamente inviable, socialmente injusto y jurídicamente inconstitucional. Aseguran que el modelo no prevé ampliaciones ni obras significativas en las rutas, limitándose al corte de pasto y tareas básicas de mantenimiento, mientras se prevé un aumento de tarifas de más del 200 % y nuevos puestos de peaje.
“El financiamiento vial mediante peaje directo es un modelo fracasado que beneficia exclusivamente a los concesionarios con ganancias elevadas, inversión cero y riesgo cero”, alertó la organización. También cuestionaron la falta de un marco regulatorio y de un ente que defienda los derechos de los usuarios viales, así como la inexistencia de caminos alternativos libres de pago.
Asimismo, el Comité rechaza los intentos de algunos gobernadores de provincializar rutas nacionales con el objetivo de aplicar peajes a nivel local. En este sentido, CONADUV exige la implementación de un verdadero Proyecto Vial Nacional, libre de peaje, con asignación efectiva de los recursos del impuesto a los combustibles y centrado en garantizar el libre tránsito, conforme lo establece la Constitución Nacional.
Finalmente, el CONADUV solicitó al presidente Javier Milei que se realice de forma urgente un estudio del beneficio económico de disponer caminos sin peaje, frente al costo social que implicaría continuar con el sistema actual. También propusieron la convocatoria a una mesa de trabajo federal con participación de usuarios, legisladores, gobernadores y organismos técnicos para discutir alternativas viables.
“El modelo propuesto no reduce los costos logísticos ni mejora la seguridad vial. Es un negocio para unos pocos, en detrimento del interés general”, concluye el comunicado.
Agencia MTR