El senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el actual sistema de comunicaciones digitales —vigente desde la pandemia— por un esquema institucional, regulado y bajo control estatal.
La iniciativa apunta a dejar atrás el protocolo de emergencia sanitaria implementado en 2020, que aún regula las comunicaciones de cerca de 49.000 detenidos del Servicio Penitenciario Bonaerense sin una base legal específica ni supervisión legislativa. Según el legislador, se trata de una situación excepcional que se prolongó en el tiempo sin reglas claras ni mecanismos efectivos de control.
“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos. Si desde su interior se coordinan extorsiones, amenazas o estafas, el Estado tiene que intervenir con herramientas adecuadas”, sostuvo Petrecca al presentar el proyecto.
Comunicación sí, pero bajo control
El eje central de la propuesta es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que reemplazaría el uso de teléfonos celulares personales. Este sistema permitiría únicamente comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, y con trazabilidad completa bajo supervisión estatal.
A partir de su implementación en cada unidad penitenciaria, la tenencia de celulares privados quedaría prohibida y sería considerada una falta grave, con impacto en beneficios como salidas transitorias o regímenes de libertad asistida.
De una excepción a una política pública
El proyecto establece una transición gradual desde el esquema actual hacia el nuevo sistema, garantizando la continuidad de las comunicaciones. “No elimina la comunicación: la ordena y la pone bajo control del Estado”, explicó el senador, quien remarcó la necesidad de transformar una medida improvisada en una política pública con respaldo legal.
Además, la iniciativa incorpora herramientas de control y transparencia que hoy no existen, como informes anuales a la Legislatura, revisión judicial de restricciones en un plazo de 48 horas, monitoreo institucional del sistema y convenios con empresas de telecomunicaciones para bloquear dispositivos no autorizados mediante IMEI dentro de los establecimientos.
Seguridad y derechos
Petrecca subrayó que el proyecto busca equilibrar la seguridad pública con los derechos de las personas privadas de la libertad. “Conservan sus derechos, pero eso no impide que el Estado establezca reglas razonables cuando están en juego los derechos de terceros”, afirmó.
En ese marco, la propuesta incluye un capítulo específico para el sistema penal juvenil, con reglas diferenciadas que aseguren la continuidad del derecho a la comunicación en el paso hacia el sistema penitenciario.
Un caso que expone el problema
El debate cobra relevancia a partir de hechos recientes que evidencian el uso de celulares en contextos delictivos desde el interior de las cárceles. Uno de los casos más resonantes es el de Rodrigo Andrés Gómez, cuya muerte derivó en una investigación que permitió desarticular una red de extorsión digital.
Según información oficial, la organización operaba mediante perfiles falsos para captar víctimas y realizar maniobras extorsivas, parte de las cuales se coordinaban desde una unidad penitenciaria bonaerense. El caso puso en evidencia la falta de control efectivo sobre las comunicaciones intramuros.
Para el senador, este tipo de episodios no son aislados, sino que reflejan un problema estructural. “Dejar celulares sin control en cárceles es muy peligroso. Cuando la comunicación pierde su función legítima y se convierte en una herramienta para delinquir, el Estado debe actuar”, concluyó.
La iniciativa abre ahora el debate legislativo sobre cómo compatibilizar seguridad, derechos y tecnología en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
Agencia MTR