La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se ha pronunciado con firmeza en contra de la propuesta de reforma para bajar la edad de punibilidad en Argentina, argumentando que esta medida no resolvería los problemas de inseguridad ni reduciría el crimen, sino que agravaría la situación, profundizando la criminalización de la pobreza.
Durante años, el debate sobre la baja de edad de punibilidad ha carecido de estudios profundos y análisis que expliquen las verdaderas causas de la violencia en la sociedad. Según la CPM, el enfoque punitivo propuesto por los proyectos legislativos ignora el complejo panorama social que subyace al fenómeno delictivo, en el cual el Estado tiene una responsabilidad central en la prevención, y no en la criminalización, de los jóvenes.
El problema: la violencia y la desigualdad social
La CPM destaca que la violencia en la sociedad tiene múltiples causas, siendo la desigualdad social una de las más profundas. Asegura que el Estado, en lugar de abordar estas desigualdades con políticas públicas adecuadas, ha incrementado la violencia institucional a través de las fuerzas de seguridad y la criminalización de los sectores más vulnerables. Además, los fondos destinados a las fuerzas de seguridad han ido en aumento, mientras que los recursos para políticas de niñez y derechos humanos han sido limitados o inexistentes.
Un sistema penal juvenil ineficaz
La comisión también denuncia la situación en las cárceles juveniles, señalando que muchos de estos centros están en peores condiciones que las prisiones para adultos. Los jóvenes son sometidos a condiciones extremas de aislamiento, maltrato y falta de acceso a educación, salud y otros derechos fundamentales. Según el informe anual 2025 de la CPM, 531 jóvenes entrevistados denunciaron más de 1.400 hechos de tortura y malos tratos en estos centros.
A pesar de estos informes, el sistema de justicia penal juvenil no ha mostrado avances en su especialización. En lugar de tratar a los jóvenes de manera diferenciada, como lo estipula la ley, las prácticas judiciales se asemejan cada vez más a las que se aplican a adultos.
Datos preocupantes en la provincia de Buenos Aires
En 2025, en la provincia de Buenos Aires, se registraron 88 homicidios dolosos cometidos por menores de 18 años, de los cuales 25 fueron cometidos por menores de 16 años, quienes actualmente no son punibles. Sin embargo, la reforma no solo afectaría a los responsables de homicidios, sino que también se ampliarían las detenciones por delitos menos graves, aumentando aún más la sobrecarga del sistema de justicia juvenil.
La CPM resalta que muchos de estos jóvenes provienen de contextos de vulnerabilidad social, con problemas de consumo de drogas o captados por redes delictivas. La falta de políticas sociales eficaces para prevenir estos delitos es una de las principales críticas que la comisión realiza al proyecto.
La necesidad de políticas públicas integrales
La comisión enfatiza que el problema de la violencia juvenil no se resolverá con más encarcelamiento, sino con políticas públicas integrales que incluyan la educación, la salud mental, la prevención de consumo de estupefacientes y el fortalecimiento de los derechos sociales. En lugar de centrarse en la punición, el Estado debería estar enfocado en garantizar los derechos de los niños y niñas, creando alternativas de reinserción social y ofreciendo apoyo a las familias.
Una reforma inconstitucional y violatoria de los derechos humanos
Además, la CPM señala que la reforma propuesta es incompatible con la Constitución Nacional y con los tratados internacionales sobre derechos humanos, como la Convención de los Derechos del Niño. Asegura que esta reforma crearía un sistema de persecución juvenil que sería más severo que el de los adultos, lo cual es inconstitucional.
Discursos discriminatorios y peligrosos
Por último, la comisión critica la retórica utilizada por los defensores de la reforma, señalando que apela a un imaginario social racista y clasista, demonizando a los jóvenes en situación de vulnerabilidad como “el enemigo social”. Este tipo de discursos, según la CPM, no resuelven los problemas de fondo y solo incrementan la violencia y la segregación social.
La CPM hace un llamado a la reflexión, argumentando que los problemas sociales deben abordarse con políticas públicas que promuevan la inclusión, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y no con reformas punitivas que solo perpetúan la violencia y la inseguridad.
Agencia MTR