El Senado de la Nación Argentina aprobó este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil y convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, luego de un extenso debate atravesado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición peronista.
El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, fue impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina. Tras la votación, la actual ministra celebró la aprobación como “un cambio moral y jurídico” en la respuesta del Estado frente al delito juvenil.
“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”, sostuvo Bullrich durante su intervención en el recinto. Y agregó: “Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad”.
La sesión fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos cometidos por menores, gesto que generó incomodidad en parte de la bancada opositora, aunque finalmente todo el cuerpo se puso de pie.
Críticas por presupuesto e inconstitucionalidad
Desde el interbloque peronista cuestionaron tanto el enfoque punitivo de la norma como la viabilidad presupuestaria para su aplicación. Según el texto aprobado, se destinarán $23.700 millones a las provincias para la implementación del nuevo sistema.
El senador Jorge Capitanich advirtió que los recursos son insuficientes para construir y adecuar establecimientos especializados. Citando datos del Servicio Penitenciario Federal, señaló que el costo del metro cuadrado asciende a $3,2 millones, lo que permitiría edificar apenas 7.400 metros cuadrados en todo el país, equivalentes a unos 308 metros cuadrados por distrito.
“Si no contamos con el presupuesto necesario, estas leyes quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”, afirmó.
En la misma línea, el senador Gerardo Zamora sostuvo que la norma podría generar “litigiosidad” y afectar el federalismo. Por su parte, Martín Soria calificó el proyecto como “muy malo, con errores graves y peligrosos”, y consideró que vulnera el principio de culpabilidad disminuida.
La senadora Lucía Corpacci también cuestionó la eficacia de la reforma: “Esta ley no es la solución de nada. Debemos actuar con racionalidad y humanidad”.
La defensa del oficialismo
Desde el oficialismo y sus aliados defendieron la reforma como una herramienta para dar respuesta a las víctimas y ordenar el sistema penal. El senador Luis Juez rechazó las críticas opositoras y sostuvo que el debate no puede centrarse únicamente en la cuestión presupuestaria.
“Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, expresó.
Qué establece la nueva ley
La norma crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados y garantías reforzadas desde el inicio del proceso. Entre sus principales puntos, establece:
- Presunción favorable a la minoría de edad.
- Prohibición de que menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
- Aplicación excepcional y proporcional de la privación de libertad.
- Prioridad de medidas socioeducativas y de reinserción.
El régimen contempla un esquema progresivo de sanciones que incluye tareas comunitarias, reparación del daño, monitoreo electrónico y restricciones de circulación. La prisión quedará reservada para delitos graves y por plazos estrictamente limitados.
También se crea la figura del supervisor judicial especializado para acompañar el proceso de reinserción y se establecen estándares de alojamiento que garantizan acceso a educación, actividades culturales y atención interdisciplinaria, especialmente en casos de salud mental o consumo problemático.
En el caso de menores inimputables, la ley dispone la intervención judicial para investigar los hechos y aplicar medidas protectoras bajo la órbita de la justicia civil.
Tras su sanción definitiva, la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo y deberá ser reglamentada para su entrada en vigencia efectiva en todo el país.
Agencia MTR