El gobierno nacional, en conjunto con varios gobernadores provinciales, ha presentado una reforma a la Ley de Glaciares (26.639), que desde su sanción en 2010 protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. Este cambio ha generado preocupación entre expertos en derecho ambiental, quienes alertan sobre las posibles consecuencias de flexibilizar las restricciones en zonas sensibles, hoy protegidas por la legislación vigente.
¿Qué protege la ley actual?
La Ley de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y sus alrededores, vitales para la reserva de recursos hídricos. Estos ecosistemas abastecen de agua a ríos, lagos y arroyos que son esenciales para consumo humano, riego agrícola, ganadería, turismo e industria. Además, juegan un papel crucial en la regulación del clima y son hogar de una biodiversidad única en zonas de alta montaña.
A través de la norma, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) lleva a cabo el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta para identificar y delimitar áreas críticas para su conservación. En estas zonas, la ley prohíbe actividades que puedan dañar el ecosistema, como la minería, la extracción de hidrocarburos, la construcción de infraestructura y cualquier acción que implique la liberación de sustancias contaminantes.
¿Qué propone el Gobierno?
El nuevo proyecto de reforma sugiere cambios que podrían modificar estas restricciones en zonas periglaciales. De ser aprobado, las provincias podrían:
Permitir actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas protegidas.
Solicitar la revisión del Inventario Nacional de Glaciares, abriendo la puerta a actividades previamente prohibidas.
Eximirse de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental Estratégicas para actividades no explícitamente prohibidas en áreas glaciales.
Aunque la Constitución Nacional otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, también establece que la Nación debe dictar normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, los cuales no pueden ser reducidos por las provincias.
Para Jorge Cuello, abogado especializado en Derecho Ambiental de la UBA, esta reforma implica un “retroceso ambiental” al debilitar las garantías de protección de un ecosistema vital para el país.
El principio de no regresividad y sus implicancias
Un principio central en el debate es el de no regresividad en materia ambiental, recogido por la Ley 27.566, que incorpora el Acuerdo de Escazú al derecho argentino. Este principio establece que, una vez alcanzado un nivel mínimo de protección, el Estado no puede retroceder en esos estándares. En este contexto, muchos advierten que flexibilizar la ley podría vulnerar este principio y abrir la puerta a un deterioro irreparable del medio ambiente.
Preocupaciones desde Greenpeace
A medida que el proyecto avanza en el Senado, Greenpeace ha documentado intervenciones mineras ilegales en áreas protegidas por la ley vigente. En un relevamiento aéreo realizado en San Juan, la organización observó actividades de remoción de suelo y apertura de caminos en el glaciar G110, un área oficialmente inventariada.
“Lo que propone esta reforma es ajustar la ley a los proyectos extractivos en curso, buscando legalizar lo que hoy está en infracción. Es una estrategia de flexibilización que pone en peligro la integridad de nuestras reservas de agua dulce”, sostiene Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
¿Qué está en juego?
El debate sobre la reforma no es meramente técnico, sino que toca una cuestión política y ambiental fundamental: ¿debería flexibilizarse la protección de los glaciares y sus alrededores en favor de proyectos extractivos, o mantenerse una barrera legal sólida para resguardar los recursos hídricos del país?
En un contexto de crisis climática y creciente presión sobre los recursos naturales, la modificación de la Ley 26.639 representa una decisión clave para el futuro del país y sus reservas de agua dulce, esenciales para miles de personas y economías regionales.
Agencia MTR