La Justicia Federal de San Nicolás ha declarado inconstitucional la resolución impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que prohibía a los intendentes cobrar tasas municipales a través de las boletas de servicios públicos, como la electricidad. La decisión llegó en el marco de una acción de amparo promovida por la Municipalidad de Pergamino, que cuestionó la medida por considerar que vulneraba la autonomía municipal y afectaba su capacidad de financiamiento.
La resolución en cuestión, emitida en 2024, había sido establecida con el argumento de que las boletas de servicios públicos deben reflejar únicamente los cargos relacionados directamente con el consumo del bien o servicio contratado por el usuario, excluyendo cualquier tipo de tasa o cargo adicional. Sin embargo, para muchos municipios, como el de Pergamino, esta medida representaba un golpe directo a su capacidad de gestión y recaudación.
La Municipalidad de Pergamino argumentó que desde hace años cobra la tasa de alumbrado público a través de la factura de electricidad, gracias a un convenio con la cooperativa concesionaria del servicio. La administración de Javier Martínez (PRO), quien gobierna la ciudad, advirtió que la prohibición de este mecanismo afectaría gravemente los servicios esenciales como el alumbrado público, la seguridad, y los centros de desarrollo infantil, entre otros. Además, subrayaron que la medida atentaba contra la autonomía municipal, un principio constitucionalmente reconocido.
El fallo del juez subrogante, Carlos Villafuerte Ruzo, declaró la inconstitucionalidad de la resolución, asegurando que “influye directamente en la recaudación” de los municipios. Según el magistrado, la normativa era incompatible con el ordenamiento jurídico vigente y vulneraba el reparto de competencias establecido por la Constitución Nacional, al invadir la esfera propia de las municipalidades.
La decisión marca un antecedente importante en la confrontación entre el Gobierno de Javier Milei y los intendentes, quienes han defendido su derecho a gestionar los recursos locales y recaudar tasas a través de los mecanismos que consideran más efectivos. La polémica no es nueva: ya en 2025, el ministro Caputo había cuestionado públicamente la aplicación de tasas municipales, especialmente en distritos gobernados por intendentes peronistas, como el caso de Pilar, cuyo intendente Federico Achával fue criticado por la aplicación de una tasa que afectaba el precio de los productos en supermercados municipales.
En el marco de esta disputa, el Gobierno de Milei también ha implementado nuevas herramientas para que los ciudadanos puedan denunciar la aplicación de tasas municipales a través de las boletas de servicios, a través de un mecanismo en el sitio web oficial de la Jefatura de Gabinete. La polémica se ha extendido por todo el país, con algunos municipios ganando batallas en los tribunales y otros perdiendo la posibilidad de recaudar las tasas en cuestión.
Este tipo de medidas ha generado una división entre aquellos que defienden la autonomía local y quienes abogan por una mayor regulación centralizada para evitar lo que consideran un abuso de poder de parte de los gobiernos municipales. En el caso de la Municipalidad de Tigre, por ejemplo, un juez federal había rechazado un amparo similar, pero la Cámara Federal de San Martín posteriormente revocó esa decisión, declarando también inconstitucional la prohibición.
El fallo de la Justicia de San Nicolás, en favor de Pergamino, abre un nuevo capítulo en esta disputa, con la posibilidad de que otros municipios bonaerenses y del resto del país sigan este precedente judicial para reponer la práctica de cobrar tasas municipales a través de las facturas de servicios públicos.
El debate sobre la autonomía municipal y el control de las tasas será, sin duda, un tema central en la agenda política y judicial en los próximos meses, mientras se resuelven los recursos y se espera una definición definitiva sobre la constitucionalidad de estas resoluciones.
Agencia MTR