La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este lunes la realización de un paro general de 24 horas sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión virtual del Consejo Directivo cegetista. Aunque en un primer momento se especuló con que la sesión podría realizarse este jueves, en el Congreso también se analiza como alternativa el miércoles 25, en función de cómo avancen las negociaciones y la firma del dictamen.
A diferencia de otras protestas, la central obrera descartó convocar a una movilización frente al Congreso y optó por una huelga sin concentración. Sin embargo, la medida podría tener un fuerte impacto si se concreta la adhesión plena de los gremios del transporte.
En ese sentido, la CGT espera que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se pliegue a la protesta, lo que implicaría la paralización del servicio de colectivos en todo el país. En el anterior paro, la UTA no participó por encontrarse bajo conciliación obligatoria, lo que debilitó el alcance de la huelga.
Además, tanto Omar Maturano, líder de La Fraternidad, como Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), vienen impulsando una postura de mayor endurecimiento, lo que podría garantizar la paralización de trenes, puertos y otras actividades vinculadas al transporte.
El contexto político y legislativo
La huelga se realizará el mismo día en que el oficialismo busque convertir en ley el proyecto de reforma laboral. Desde el Gobierno de Javier Milei aspiran a acelerar el tratamiento en comisión para llevar la iniciativa al recinto lo antes posible.
No obstante, persisten diferencias en algunos puntos sensibles del proyecto, como las modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad. Estas discusiones podrían demorar el debate y postergar la sesión para la próxima semana.
Los puntos en conflicto
Pese a que la CGT logró preservar en el texto aspectos clave como las cuotas solidarias y el esquema actual de contribuciones patronales para las obras sociales —fundamentales para el financiamiento sindical—, la presión de las bases se intensificó en las últimas semanas ante la caída del poder adquisitivo y el deterioro de la situación económica.
Uno de los artículos más cuestionados es el 44, aprobado por el Senado, que introduce cambios en la remuneración de trabajadores que sufran accidentes o enfermedades no vinculados con su actividad laboral. El nuevo esquema establece que percibirán el 50% del salario durante el período de inactividad, y el 75% en los casos en que la imposibilidad de trabajar no derive de una acción voluntaria ni de un riesgo conocido previamente.
Actualmente, esos casos contemplan el pago del 100% del salario. Tanto sindicatos como bloques opositores advierten que la modificación implica un retroceso en derechos laborales adquiridos.
Cabe recordar que el 10 de abril de 2025 la CGT ya había convocado a un paro general —el tercero durante la gestión de Milei—, aunque la falta de adhesión de la UTA limitó su impacto. Esta vez, la central apuesta a lograr una mayor contundencia en la protesta en rechazo a la reforma laboral.
Agencia MTR