Desde la modificación de la fórmula previsional en diciembre de 2023 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, se han observado cambios significativos en el ajuste de las jubilaciones, con un enfoque en el índice de precios al consumidor (IPC).
Un informe del CEPA – Centro de Economía Política Argentina – examina cómo la modificación ha impactado el poder adquisitivo de los jubilados, comparando los resultados obtenidos con el sistema establecido por la Ley 27.609 de 2021, la cual fue derogada en favor de un modelo más alineado con la inflación.
Se destacan las repercusiones en los montos de los haberes, los ajustes de bonos y las proyecciones a futuro.
En el contexto de una inflación creciente, el gobierno de Javier Milei implementó, a través del DNU 274/2024, un sistema de movilidad previsional que ajusta los haberes jubilatorios exclusivamente en función de la inflación, lo que ha tenido repercusiones tanto en los jubilados que perciben la jubilación mínima como en aquellos que reciben bonos compensatorios.
A lo largo del análisis se comparan los efectos de este cambio frente a la fórmula anterior, que se regía por la Ley 27.609 y contemplaba una mayor actualización de los haberes en relación a otros indicadores económicos como los salarios.
Análisis de los Efectos de la Nueva Fórmula:
Ajuste por IPC y su Impacto en los Haberes:
La fórmula del DNU 274/2024, aunque permite a las jubilaciones mantenerse al día con la inflación, no ha logrado una recuperación significativa del poder adquisitivo perdido, especialmente durante 2024.
En comparación, la fórmula de la Ley 27.609 de 2021 hubiera ofrecido un crecimiento mayor de los haberes, particularmente si se consideraran los ajustes anuales previstos por esa legislación.
Diferencia en el Monto de las Jubilaciones:
En diciembre de 2025, la jubilación mínima bajo el nuevo sistema de Milei alcanzó los $340.886, pero de haberse seguido con la fórmula anterior, el monto estimado hubiera sido $434.279, un 27,4% superior.
Esta diferencia refleja cómo el nuevo sistema ha logrado mantenerse a la par de la inflación, pero no ha permitido una recuperación de los ingresos anteriores, especialmente para los jubilados de menores recursos.
Bono Compensatorio y su Erosión:
El bono de $70.000 otorgado a un 70% de los jubilados no ha experimentado actualizaciones conforme a la inflación real, lo que ha diluido su capacidad de compra. Si se hubiera ajustado de acuerdo con la fórmula anterior, el bono debería haber ascendido a $177.485 para diciembre de 2025.
En términos reales, la pérdida de poder adquisitivo es evidente en los jubilados que dependen de este bono, cuyos haberes han crecido solo un 101% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, frente a una inflación acumulada del 154%.
Proyectos Legislativa y Prórroga de la Moratoria:
La política del gobierno ha sido también marcada por el veto de dos leyes centrales: la Ley 27.756 y la ley de julio de 2025. Ambas proponían mejoras sustanciales para los jubilados, como recomposiciones adicionales, ajustes del bono y la prórroga de la moratoria previsional, medidas que habrían beneficiado a millones de trabajadores jubilables.
Desafíos Futuros:
La finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 y la no prórroga de la misma dejarán a una parte considerable de la población jubilatoria en una situación de mayor vulnerabilidad, al depender de la PUAM, una pensión no actualizada ni ajustada al nivel de la inflación, que afecta principalmente a quienes no cuentan con los años de aportes requeridos.
El análisis muestra que la reforma previsional aplicada por el DNU 274/2024 no solo ha llevado a una pérdida de poder adquisitivo en términos absolutos, sino que también ha dificultado una posible recuperación de los haberes jubilatorios. A pesar de la actualización vinculada al IPC, el modelo anterior, bajo la Ley 27.609, hubiera sido más efectivo a largo plazo en términos de bienestar para los jubilados. La congelación del bono y el fin de la moratoria previsional refuerzan la crítica de que la política adoptada no favorece a los sectores más vulnerables del sistema previsional argentino.
Agencia MTR