Viviana Aguirre, exdirectora de la UGL 7 del PAMI en la ciudad de La Plata, realizó una contundente denuncia pública y judicial que sacude al oficialismo. Asegura haber sido víctima de amenazas y presiones para entregar parte de su salario, cometer actos ilegales y silenciar hechos de corrupción en el organismo.
Según relató en una entrevista televisiva, una semana antes de asumir formalmente en su cargo, fue contactada por Juan Esteban Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja, uno de los principales armadores de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Me llamó desde el despacho de Pareja. Me pidió un millón de pesos de mi sueldo, firmar papeles ilegales y meter gente del espacio en el PAMI”, afirmó.
Aguirre aseguró que accedió inicialmente a entregar dinero, pero se negó a participar en maniobras fraudulentas. “Les dije que no iba a firmar papeles ilegales ni a incorporar personal sin licitación”, sostuvo. A partir de esa negativa, fue desplazada del cargo. Denunció además que otros funcionarios “entraron al organismo, sacaron documentación oficial y arreglaron con prestadores de forma irregular”.
Entre otras revelaciones, Aguirre denunció sobreprecios sistemáticos en insumos médicos como pañales y lentes, maltrato a afiliados en geriátricos y una red de corrupción estructural que incluye, según dijo, nombres de peso dentro del PAMI y del oficialismo. Asegura que lo reportó directamente al presidente Javier Milei a través de mensajes de WhatsApp, pero nunca obtuvo respuesta, aunque el mandatario leía sus mensajes.
La exfuncionaria también afirmó que recibió amenazas y fue seguida y fotografiada en las inmediaciones de su domicilio. “Tengo botón antipánico. Me amenazaron para que no ratificara la denuncia”, aseguró. También relató que un intento de arreglo por parte del oficialismo fue encabezado por Carlos Curestis, enviado por Sebastián Pareja, en un intento por “callarla”.
Además, apuntó directamente contra el juez Ramos Padilla, quien –según su versión– demoró la causa por más de un año y se negó inicialmente a tomar su declaración. Por esa razón, decidió trasladar la causa a Comodoro Py con el patrocinio de su abogado.
“No solo lucran con el dinero del Estado, también con la vida de los jubilados. Lo que vi en los geriátricos es inhumano. Maltratos, falta de comida, techos que se caen, abuelos con sarna. Y se les paga hasta 3 millones por afiliado”, denunció con crudeza.
Viviana Aguirre también reveló que aportó más de 15 millones de pesos de su bolsillo a la campaña de Javier Milei, y que incluso tiene tatuado su nombre completo y fecha de nacimiento. “Creí en él. Pero cuando empecé a mostrar la corrupción, no me contestó más”.
En medio de un creciente escándalo de corrupción que salpica a varios sectores del oficialismo, Aguirre subrayó: “Fui la primera que denunció. Nadie quiso ayudarme. Solo el diputado nacional Oscar Sago me abrió las puertas”.
Finalmente, advirtió: “Si permiten que me amenacen a mí por denunciar, y ahora van por los periodistas, vamos camino a una persecución peligrosa. La gente tiene miedo. Pero yo no me voy a callar”.
Agencia MTR