Señor Director
Cadena Nueve
Me dirijo a ese medio a los fines de solicitar tenga bien de dar a conocer hechos que, como ciudadano, y en el marco de la transparencia de los actos republicanos, merecen el conocimiento de la población.
Además, hago esta solicitud en la inteligencia que “los valores esenciales de los periodistas son el respeto a los principios de la democracia, la honestidad, la transparencia, el pluralismo y la diversidad y que desempeñan su profesión ejerciendo la defensa de la libertad de expresión, semilla fundamental de la democracia y del derecho ciudadano a la información. En consecuencia, es su deber denunciar cualquier intento de abolición o restricción de la libertad de expresión” conforme lo dicta el Código de Ética de Fopea, solicito a Ud. la publicación y difusión de la Carta Abierta, que adjunto, intitulada “Municipio de Trenque Lauquen: Paradigma de la democracia iliberal”.
La evidencia empírica en la Comunidad la Trenque Lauquen revela la existencia de un régimen de gobierno municipal en el que se mantienen las formas democráticas pero en el que se ve erosionada los principios republicanos.
El Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen tiene escasa o nula autonomía del Poder Ejecutivo Local, que refleja una debilitación de la separación de poderes y de los pesos y contrapesos habituales en favor de un mayor protagonismo del ejecutivo que concentra poder, una reducción de los derechos y libertades de los ciudadanos, en particular de las minorías, un menoscabo a la libertad de expresión (art. 13, Pacto de San José de Costa Rica), al derecho a peticionar a las autoridades (art. 14, Constitución Nacional) y a la información y a la comunicación, derecho garantizado por la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires (art. 12, inciso 4).
El Bloque de Concejales, pertenecientes al mismo espacio político del Jefe Comunal Francisco Recoulat, ignoran que la esencia del régimen republicano, establecido en el artículo 5° de la Carta Magna es la división de poderes, el mutuo control de éstos entre sí, la responsabilidad política de los funcionarios y el control de los actos de gobierno, conceptos íntimamente vinculados.
El Gobierno Municipal – Poder Ejecutivo y Concejo Deliberante – desdeña el concepto que la democracia liberal está integrada por dos componentes que han tendido a ir asociados y a reconocerse como indisolubles. El poder político local sostiene, en forma aviesa, que es suficiente el primero de los componentes, la democracia, asumiendo que la selección de un gobierno de mayoría se lleva a cabo a través de la representación y que para que ello tenga lugar deben darse ciertas condiciones: deben celebrarse elecciones libres y justas, ha de existir libre competencia entre distintas opciones políticas, debe haber medios de comunicación plurales, la limpieza del proceso debe estar garantizada así como la neutralidad de las autoridades electorales y el voto debe ser igual, universal, directo y secreto.
El Gobierno Municipal soslaya el segundo de los componentes, el liberalismo constitucional. Este se concibe como un freno a la arbitrariedad del poder y a la tiranía de la mayoría sobre la minoría e implica por un lado, el imperio de la ley, es decir que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estén sometidos a una misma ley y que ésta sea elaborada por un parlamento elegido democráticamente, y por el otro, que estén garantizados los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Asimismo también es preceptivo en el liberalismo constitucional que existe una separación de poderes orgánica, funcional y personal entre poder legislativo, ejecutivo y judicial de acuerdo con la clásica fórmula del barón de Montesquieu. (Fuente: Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público, “Iliberal Democracy, Populism and the Rule of Law”,Astrid Barrio López, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universitat de Valéncia)
En nuestra Comunidad se puede hablar de democracia pero no de liberalismo constitucional, toda vez que se rebajan los límites de las autoridades gubernamentales que concentran y amplifican su poder y lo hacen, en muchas ocasiones, en detrimento de las minorías y buscando legitimidad al amparo de la existencia de mayorías que les dan apoyo.
La evidencia empírica de las administraciones de Miguel Ángel Fernández (2015-2023) y del actual Jefe Comunal Francisco Recoulat, nos permite pues hablar de una democracia iliberal, un concepto que analíticamente parte de la disociación de dos componentes que teóricamente parecían indisolubles, la democracia y el liberalismo constitucional y que enfatiza una concepción de democracia que prioriza la dimensión electoral y que es entendida únicamente como un mecanismo de selección de gobernantes y como la fuente de legitimidad de las decisiones pero que desecha aspectos fundamentales de las elecciones.
Este es precisamente el comportamiento que se observa en esta democracia iliberal vernácula, que se distingue por tener un patrón de actuación bastante uniforme en las sucesivas administraciones.
Tras el acceso al poder, los Jefes Comunales electos y gracias a la obtención de sólidas mayorías que le permiten invocar la idea de la voluntad del pueblo sin límites, socavan la división de poderes dando una gran preeminencia al Poder Ejecutivo Local. Asimismo, el Poder Político intenta controlar los medios de comunicación a través de las pautas oficiales y silenciar las fuentes de pensamiento cercenando la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades y el derecho a la información y a la comunicación que gozamos todos los habitantes de esta provincia.
¿Por qué está mal, legal y políticamente un Poder Legislativo desarticulado y negador del sistema de pesos y contrapesos establecido en la Constitución y que actúa en función de los intereses del Poder Ejecutivo?
Hace 277 años esta pregunta fue respondida con claridad meridiana por Montesquieu en su obra ¨El espíritu de las leyes¨ (1748).
El principio mismo del Gobierno representativo descansa sobre la presunción de los que poseen el poder abusarán de él en provecho propio; no porque sea siempre así, sino por ser tal la tendencia natural de las cosas, tendencia que las instituciones libres tienen por principal objeto regular¨ (J. Stuart Mill, ¨Del gobierno representativo¨, cap. XII).
Donde no existe control no hay transparencia, y sin control eficaz del poder no cabe la democracia.
La mayoría de nuestros representantes abdicaron de la cultura cívica y de la legalidad, del cumplimiento de las normas, morales y sociales. Creo que la mediocridad de los políticos refleja en parte la sociedad que los ha elegido. La mezquindad intelectual y moral es una de las marcas de nuestro tiempo
¿Cómo se revierte esta tendencia recurrente de la cultura de la anomia boba, en los términos del filósofo y jurista Carlos Nino, que profesan nuestros representantes y la renuncia de una parte de los soberanos a ser ciudadanos?
Recuperar la concepción ética republicana de nuestras instituciones de raigambre constitucional exige que los ciudadanos tengan hábitos morales y éticos – virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza – e intelectuales – sabiduría, intelecto, ciencia y arte – .
La educación cumple un rol imprescindible para revertir la tendencia recurrente al desapego a las normas morales, jurídicas y sociales, siendo el oficio principal del educador el de ayudar a que las personas se provean de hábitos morales e intelectuales.
Alexis de Tocqueville, en su obra “La democracia en América”, analizó la influencia de las costumbres sobre el mantenimiento de una república democrática, a partir de considerar la expresión “costumbres” en el sentido que los antiguos atribuían a la palabra “mores”, no solo la aplicaba a las costumbres propiamente dichas, que se podrían llamar hábitos del corazón, sino a las diferentes “nociones” que poseen los hombres, a las diversas “opiniones” que discurren entre ellos, y el conjunto de “ideas” en que se forman los hábitos del espíritu. Pues la palabra costumbres comprende todo el estado moral e intelectual de un pueblo.
“Las costumbres más que las leyes sirven al mantenimiento de una república democrática, y las leyes más que los recursos naturales”.
Atte.
Miguel Santos Vidal
DNI 10.747.732
Agencia MTR