El Plan Maestro del Río Salado, lanzado en 1999 con financiamiento del Banco Mundial, fue concebido como una solución estructural para mitigar los efectos de inundaciones y sequías en una cuenca estratégica para la economía nacional. Se trata de una región de 17 millones de hectáreas que concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, produce más del 70% de los granos de la provincia de Buenos Aires y genera más del 20% de la leche del país.
Sin embargo, a un cuarto de siglo de su presentación, el avance de las obras es apenas del 50%, pese a que el plan original contemplaba su finalización en 15 años. La demora tiene consecuencias concretas: pérdidas económicas que superan los USD 5.000 millones en el sector productivo y un impacto indirecto aún mayor, considerando que la región ha generado más de USD 35.000 millones solo en derechos de exportación.
Así lo revela un estudio reciente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que advierte sobre la paradoja de una región clave que, pese a financiar con creces las obras necesarias, sigue desprotegida. “Los productores han financiado reiteradamente las obras que se les niegan”, sostiene el informe.
El año 2025 marcó un punto de inflexión. Tres eventos climáticos extremos afectaron a la cuenca y anegaron más de 2 millones de hectáreas. Estas situaciones no solo pusieron a prueba las obras ya realizadas, que mostraron su eficacia, sino que evidenciaron la necesidad urgente de concluir lo pendiente.
Según el estudio de CARBAP, el costo total de la inacción —entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— ya supera los USD 40.000 millones. Frente a este escenario, la entidad rural reclama una respuesta inmediata: “Concluir el Plan Maestro no es solo una deuda histórica, es una inversión estratégica. Requiere liderazgo federal, financiamiento nacional y una gestión integrada del recurso hídrico”.
El llamado de CARBAP está dirigido a todos los niveles del Estado y a todas las fuerzas políticas, sin distinción partidaria. “No existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir postergando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores. La inacción ya nos costó demasiado”, concluyen.
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Agencia MTR