La Federación de Estaciones de Servicio y Combustibles (FEC) ha vuelto a solicitar una reunión con las autoridades de la Secretaría de Energía, luego de no recibir respuesta a sus pedidos formales. Tras un mes de haber enviado una carta documento a la autoridad energética del gobierno nacional, la FEC está preparando una segunda presentación que incluirá un historial detallado de las auditorías realizadas en la última década para detectar la “venta trucha” de gasoil. También se mencionarán las acciones llevadas a cabo por diferentes gobiernos en respuesta a estas denuncias.
El presidente de la FEC, Juan Carlos Basílico, expresó su frustración por la falta de respuesta de la autoridad energética nacional, que hasta la fecha no ha atendido las solicitudes de audiencia ni actuado frente a las denuncias sobre la venta irregular de gasoil.
“Aunque históricamente venimos reclamando y en muchos casos la Secretaría de Energía ha cerrado los establecimientos ilegales, los controles cotidianos siguen siendo deficientes”, señaló Basílico. “A medida que se clausuran lugares, surgen otros nuevos según nuestros controles.”
Basílico destacó que los asesores de la Federación realizan recorridas constantes por el territorio bonaerense y reciben denuncias de sus asociados, especialmente en zonas rurales. En estas áreas, muchos establecimientos agropecuarios que poseen su propio tanque de gasoil para el campo lo revenden a vehículos, violando las normas vigentes que las estaciones de servicio cumplen rigurosamente.
El presidente de la FEC justificó las gestiones de la Federación no solo por el cumplimiento de la ley, sino también por el impacto negativo que estos puestos ilegales tienen sobre la salud de la población y el medioambiente. “Estas prácticas ilegales agravan la crítica situación de las estaciones que cumplen con todas las exigencias, cargas impositivas y reglamentaciones para operar de manera segura y legal”, afirmó.
Basílico subrayó que estas acciones forman parte del compromiso de la FEC como signataria de un Convenio Colectivo de Trabajo nacional. Recalcó que las investigaciones se han realizado en colaboración con el sindicato, que entiende que estos abusos perjudican el trabajo genuino que ofrecen los operadores a miles de familias.
Según Juan Carlos Basílico, los puestos ilegales incumplen las normas ya sea por inhabilitación completa o por utilizar instalaciones autorizadas para la venta mayorista en el expendio minorista. “Lo que más nos preocupa es el riesgo al que está expuesta la población en las zonas donde se encuentran estos locales”, concluyó.
Agencia MTR