El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Picheto; y los diputados Diana Conti, Héctor Recalde, Graciela Giannettasio, Pablo Kosiner y Eduardo de Pedro, respaldaron en conferencia de prensa la posición del oficialismo en la designación de 16 fiscales y rechazaron la decisión de la Justicia de frenar esas designación ya que no se respeta la ley que le dio origen a los nombramientos.
Estuvieron presentes, además, los diputados Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Juan Carlos Díaz Roig, Jorge Landau, Mauricio Gómez Bull, Anabel Fernández Sagasti, Marcos Cleri, Teresa García, Andrés Larroque, Carlos Moreno y Jorge Cejas.
Los bloques de Diputados y Senadores nacionales del Frente para la Victoria rechazaron la medida precautelar con la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de acuerdo con las facultades que le otorga el nuevo Código Procesal Penal, y en ese marco reivindicaron la división de poderes del Estado.
Además, los legisladores anticiparon que comenzarán con la conformación de la Comisión Bicameral de Monitoreo de la Implementación del nuevo código cuyo dictamen, una vez que sea aprobado por ambas cámaras, pondrá en vigencia plenamente el grupo normativo aprobado a fines del año pasado.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el bloque del FPV en la Cámara baja, el titular de Diputados, Julián Domínguez, cuestionó las medidas cautelares que “paralizan las decisiones en el marco de la Constitución Argentina”.
“Ningún otro poder puede inmiscuirse en el desenvolvimiento de lo que es propio del Ministerio Público”, afirmó.
“Somos los representantes de la mayoría del pueblo argentino”, sentenció Domínguez, para luego recordar la “autonomía funcional” establecida para la Procuraduría de la Nación.
Asimismo, agregó que los fiscales nombrados por Gils Carbó “estaban designados por concurso y aprobados por el Senado de la Nación”.
En ese sentido, denunció que “algunos jueces” buscan “paralizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado” que deberían emprender los fiscales.
Por su parte, el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Angel Pichetto, subrayó que se busca “afectar a la república, el principio de división de poderes y el rol del Congreso”.
Además, Pichetto resaltó que se trata de “la defensa de la ley como principio de voluntad popular, que no puede ser violada por un acto solitario de un juez”.
Para el senador por Río Negro, la procuradora General de la Nación, Alejandra “Gils Carbó, hizo uso de facultades propias” al cargo que ocupa en la designación de 16 fiscales generales, necesarios para la “resolución del delito organizado”.
Pichetto enfatizó que “la mayoría de los fiscales nombrados cuentan con una vasta trayectoria en el Ministerio Público Fiscal” y recordó que “la medida cautelar que paralizó esos nombramientos había sido rechazada por la jueza natural (en licencia) Claudia Rodríguez Vidal el 30 de noviembre pasado, aunque luego fue admitida por su subrogante”.
“Esta medida carece de legitimidad, porque la jueza natural denegó la cuestión el pasado 30 de noviembre”, aseveró.
A su turno, la diputada nacional Graciela Giannettasio enfatizó que la designación de fiscales “no lo puede judicializar otro poder del Estado”, al asegurar que “el oficialismo no defiende a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino a las normas” dictadas por el Congreso”.
“Uno de los jueces, el que hizo lugar al amparo (Lavié Pico), decía que si bien no conocía concretamente el tema tomaba la necesidad de tener una ley de implementación”, dijo Giannettasio, al tiempo que expresó que “la norma establece expresamente que es para el Código Procesal, que es el primer anexo, el segundo anexo es la creación concreta de los cargos en cada una de las jurisdicciones de los fiscales y de los defensores”.
Diana Conti, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, señaló que “éste es un Código Procesal Penal resistido por parte de una corporación judicial que no quiere estar en la lucha contra delitos como el narcotráfico; una corporación que actúa en sintonía con (el Ceo de Clarín, Héctor) Magnetto y (con el diario) La Nación”.
La diputada kirchnerista remarcó que “mientras alguien se apropió del nombre del ‘Congreso’ para crear un índice sobre precios, el Frente para la Victoria está defendiendo al pueblo argentino en materia de seguridad”.
“Hay que destacar la valentía de la Presidenta en el último año de su mandato de enviar al Congreso una reforma del Código Procesal Penal, sabiendo que iba a existir esta reacción de parte de la corporación judicial”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Héctor Recalde, quien además es miembro del Consejo de la Magistratura, argumentó que el Congreso “no va a hacer una dilación ilógica” a la hora de que se ponga en marcha el nuevo Código Procesal Penal.
“No estamos inventando fiscales”, insistió y dijo que el juez Enrique Lavié Pico que aceptó la medida precautelar contra la decisión de la procuradora “debería haberse excusado de actuar en la causa porque integra la Asociación de Magistrados”.
Al respecto, aseguró que “algunos jueces protegen a los delincuentes” y se preguntó: “¿Por qué no se dedican a proteger a la población?”
“Estamos defendiendo los intereses del pueblo y no vamos a claudicar”, anunció Recalde.
El Frente para la Victoria elevará la semana próxima los nombres que integran la bicameral en representación de sus bloques, “en tanto que ese cuerpo comenzará a funcionar en marzo con el período ordinario de sesiones, con la intención de que esté trabajando plenamente entre marzo y abril”, informaron desde ese espacio político.
Agencia MTR