Un fuerte cruce institucional se produjo en el Concejo Deliberante de 9 de Julio en el marco de una comisión ampliada de Legislación y Reglamento, convocada para que representantes del Municipio en el Consejo de Administración de la Cooperativa informaran sobre el estado de las causas judiciales que involucran a la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) y CAMMESA.
La reunión fue el miercoles 1 de abril – tal como adelanatara CN – y era en respode a un pedido de informes con el objetivo de esclarecer la situación jurídica de la cooperativa. Para ello, fueron convocados tres delegados —dos del Departamento Ejecutivo y uno del propio Concejo— quienes debían exponer el cuadro de situación.
Sin embargo, lo que se presentaba como una oportunidad central para aportar claridad terminó envuelto en polémica: no se permitió el ingreso de los abogados que llevan adelante la causa ni tampoco que los convocados incorporaran documentación respaldatoria esencial, como las sentencias de primera y segunda instancia.
Una oportunidad desaprovechada
Los profesionales habían llegado a la ciudad precisamente para informar en profundidad sobre el expediente, con documentación en mano y con conocimiento directo del proceso judicial. Su presencia coincidía con la convocatoria del Concejo, lo que generaba un escenario ideal para que los ediles accedieran a información técnica de primera fuente.
No obstante, según relataron, no solo se les negó la posibilidad de exponer, sino que tampoco se les permitió entregar material central para el ¿pedido de informes’.
“Ni siquiera nos dejaron acercar las sentencias o los informes. No íbamos a participar del debate político, sino a brindar información objetiva y documentada”, señaló en ‘Despertate por Cadena Nueve, Máxima y Visión Plus TV, el Dr. Frnando Villaverde presetante legal de la Cooperativa.
El argumento esgrimido fue que se trataba de una reunión de carácter reservado. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por los abogados, quienes sostuvieron que se trataba de información de interés público y que su exclusión afectó la calidad del debate.
El eje del conflicto: ¿deuda o crédito?
Uno de los puntos centrales que los letrados buscaban aclarar es la naturaleza de la relación entre la CEyS y CAMMESA. Mientras algunos sectores hablan de una deuda consolidada, los abogados sostienen exactamente lo contrario.
El abogado Fernando Villaverde explicó que la cooperativa no solo no es deudora, sino que es acreedora del Estado nacional por un monto que estimó en alrededor de 400.000 millones de pesos.
Según detalló, esta situación se origina en la crisis económica de 2001, cuando las distribuidoras eléctricas —incluidas las cooperativas— debieron continuar prestando el servicio sin poder trasladar a tarifas los costos reales del sistema.
“Se impuso un sacrificio especial a las distribuidoras. Sostuvieron el servicio público en condiciones extremadamente adversas, sin recomposición tarifaria adecuada. Ese desequilibrio fue reconocido por el propio Estado”, afirmó.
En ese sentido, indicó que existen leyes, normas y fallos judiciales que reconocen este desfasaje y establecen mecanismos de compensación.
Juicios ejecutivos: un punto de controversia
Otro de los aspectos que genera confusión —y que los abogados buscaban aclarar— es la existencia de juicios ejecutivos impulsados por CAMMESA para el cobro de supuestas deudas.
Desde la defensa de la cooperativa sostienen que estos procesos no reflejan la realidad de fondo, ya que no existiría una deuda “líquida ni exigible”. Además, remarcan que existen medidas cautelares que impiden avanzar con esas ejecuciones.
“Se están tomando sentencias formales de juicios ejecutivos como si fueran definitivas, cuando en realidad hay fallos de fondo que revisan la cuestión y reconocen la situación estructural del sistema”, explicaron.
Para los letrados – del programna tambien participaron la Dra. Cándida Rugieri y el Dr. Lisandro Beltamino- , estos juicios son herramientas procesales que no pueden prevalecer sobre las decisiones de fondo ya adoptadas en otras instancias.
El aporte de Cándida Ruggeri
La abogada Cándida Ruggeri sumó otro elemento relevante al debate: el intento previo de informar a los concejales.
Según explicó, el día anterior – martes 31 de marzo – a la comisión ampliada, la cooperativa organizó una reunión formal a la que fueron invitados todos los bloques políticos para interiorizarse sobre el expediente.
“El objetivo era que llegaran a la reunión de comisión con una base sólida y una comprensión integral del tema. Sin embargo, varios de los concejales invitados no asistieron”, señaló.
Ruggeri consideró que esa ausencia limitó la posibilidad de un análisis más profundo y responsable del caso en el ámbito legislativo.
La mirada de Beltamino: un conflicto que trasciende lo local
Por su parte, el abogado Lisandro Beltamino aportó contexto sobre el estado judicial de la causa y su alcance.
Explicó que la acción principal —un amparo contra el Estado nacional— se inició en 2021 en el Juzgado Federal del Departamento Judicial de Dolores, Expediente 12.002 y ya cuenta con doble conforme favorable (primea istancia y Cámara Fedeal de Mar del Plata), encontrándose actualmente a resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Además, remarcó que no se trata de un caso aislado: “Este reclamo involucra a varias cooperativas, como las de Nueve de Julio, Villa Gesell y Tres Arroyos, y hay otras provincias que están en proceso de sumarse”.
Esto, según indicó, demuestra que el problema es estructural y afecta a todo el sistema de distribución eléctrica del país.
Impacto en la comunidad
Más allá de las discusiones políticas e institucionales, los abogados hicieron hincapié en el impacto concreto que podría tener la resolución del caso para la comunidad.
Un eventual reconocimiento del crédito permitiría fortalecer financieramente a la cooperativa y mejorar la prestación de servicios, sin trasladar costos a los usuarios.
“Es un tema que debe analizarse con responsabilidad y sin distorsiones, porque lo que está en juego es el futuro del servicio eléctrico local”, concluyeron.
Mientras tanto, el episodio en el Concejo Deliberante dejó planteado un interrogante de fondo: si se están generando los ámbitos adecuados para debatir con información completa un tema de alto impacto público.
Agencia MTR