El sistema sanitario público está atravesando una crisis profunda, un “apagón” sanitario que no solo se evidencia en la falta de inversión, sino también en la ausencia de control estatal, señaló Walter Martello, Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De manera similar al sistema eléctrico, donde los aumentos tarifarios no vienen acompañados de mejoras sustanciales, el sector de la salud enfrenta un desmantelamiento progresivo de políticas que antes garantizaban el acceso a la atención a los más vulnerables.
Este fenómeno no responde únicamente a una serie de cambios administrativos o ajustes puntuales, sino que constituye una desarticulación sistemática de políticas públicas que resultan esenciales para mantener un sistema de salud robusto y accesible para todos. La consecuencia directa de esta desfinanciación es la fragilización del sistema de salud, que deja a los pacientes, especialmente a los más necesitados, a la deriva.
En este contexto, la desatención en áreas críticas, como las cardiopatías congénitas, que históricamente han sido tratadas con altísimos índices de éxito (salvando al 95% de los pacientes), pone en evidencia la gravedad de la situación. Hoy, las familias se enfrentan a una dura realidad: la falta de recursos y la escasez de servicios especializados está condenando a muchos a un futuro incierto.
La desinversión en salud no es una cuestión menor. El Defensor Adjunto del Pueblo, consideró que la restitución de políticas sanitarias es una obligación constitucional. No se trata de una opción o de una cuestión técnica, sino de una responsabilidad ética y legal del Estado hacia sus ciudadanos. Los recortes en el sector salud están cobrando un precio muy alto, y ese precio se mide en vidas humanas que podrían haberse salvado con un sistema sanitario adecuado.
Los programas estratégicos de salud, como aquellos destinados a la atención de enfermedades complejas y crónicas, deben ser restaurados con urgencia. Esto no solo es vital para la prevención y tratamiento de enfermedades, sino también para garantizar que los derechos fundamentales de la población sean protegidos.
El ajuste está cobrando vidas evitables, y es responsabilidad del Estado garantizar que la salud sea un derecho para todos, no un privilegio para unos pocos. Es hora de que el sistema recupere su capacidad de ofrecer atención de calidad, accesible y oportuna a quienes más lo necesitan.
Agencia MTR