En el marco del Día Mundial de la Infancia, el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral presentó un informe que revela una preocupante realidad sobre las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes en Argentina. El estudio, elaborado por las investigadoras María Sol González, Victoria Bein y Lorena Bolzon, aborda cuestiones claves como hábitat, educación, salud y protección frente al maltrato, destacando la persistencia de prácticas violentas en la crianza.
Uno de los hallazgos más impactantes del informe es que un 35,4% de los niños entre 1 y 14 años en Argentina es sometido a castigos físicos como método disciplinario. Además, un alarmante 6,6% de los menores experimenta castigos físicos severos, como golpes con objetos o palizas. Estos datos, provenientes de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (MICS 2019-2020), muestran que más de uno de cada tres niños es sometido a métodos violentos de corrección.
El informe también destaca que más del 50% de los niños ha sido víctima de agresiones verbales, mientras que solo el 30,6% recibe métodos de disciplina no violentos, como explicaciones o redirección de conducta.
La violencia infantil sigue siendo una problemática estructural en el país, como confirman los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que en 2024 reportó que los niños, niñas y adolescentes representaron el 30% de las víctimas en casos de violencia doméstica.
En su mayoría, los agresores son familiares directos, y las víctimas sufren violencia psicológica, física y simbólica de forma recurrente. En este contexto, el grupo más afectado por la violencia física es el de 6 a 10 años, seguido por los adolescentes de 15 a 17 años.
El informe advierte que el maltrato infantil no solo impacta el bienestar inmediato de los niños, sino que también incrementa el riesgo de problemas de salud mental, dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo, e incluso ideación suicida. Frente a esta realidad, se hace urgente avanzar en la legislación para prohibir el castigo físico y fomentar ambientes de crianza seguros, afectivos y respetuosos.
En cuanto a la educación, el informe muestra avances en la escolarización, con una cobertura casi universal en la educación primaria (98,8% entre 5 y 12 años). Sin embargo, persisten importantes desigualdades socioeconómicas. La escolarización inicial, a los 3 años, alcanza solo al 53,5% de los niños, y el 70% de los estudiantes asiste a escuelas públicas, que presentan un rendimiento inferior en Lengua y Matemática en comparación con el sector privado. Las evaluaciones del Programa Aprender 2024 revelan que los niños de los sectores más empobrecidos son los que obtienen peores resultados, lo que subraya la necesidad de aumentar la inversión en educación pública para garantizar una enseñanza equitativa y de calidad para todos.
Este informe pone de manifiesto la urgencia de abordar el maltrato infantil y las desigualdades educativas como prioridades en la agenda política y social del país. Las cifras expuestas refuerzan la necesidad de implementar políticas públicas eficaces que protejan los derechos de la infancia y promuevan una crianza y educación libre de violencia.
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