El bloque de La Libertad Avanza (LLA) ingresó en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio un proyecto de comunicación para reclamar la reconstrucción del camino que conecta la localidad de Morea con la ciudad cabecera del distrito.
La iniciativa pone el foco en el mal estado de la traza que vincula Morea con la Ruta Provincial 40, considerada la vía de conexión más cercana y directa para los aproximadamente 370 vecinos de la localidad y la zona rural aledaña.
En los fundamentos del proyecto se advierte que el deterioro del camino —que lleva más de un año en estado “lamentable”— afecta el acceso ante emergencias de salud, así como la posibilidad de que estudiantes y docentes concurran con normalidad a los establecimientos educativos de la ciudad cabecera.
Desde el bloque sostienen que la falta de respuestas concretas por parte del Departamento Ejecutivo frente a esta problemática “se convierte en un ejemplo de desidia y abandono”, y remarcan que resulta prioritario brindar una solución definitiva para evitar la vulneración de derechos básicos de los vecinos.
El texto presentado solicita formalmente que el Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, realice las obras necesarias para la reconstrucción del camino que une Morea con 9 de Julio, en el tramo Mulcahy–Ruta Provincial 40.
La intervención planteada contempla tareas de alteo y perfilado de la traza, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar una circulación segura y permanente.
Además, el proyecto propone afectar los fondos recaudados por la Ley 11.969 (6% del consumo destinado a infraestructura eléctrica y alumbrado público) para financiar la ejecución de los trabajos.
Además, pide al Ejecutivo que impulse un convenio con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer la habilitación, categorización y fiscalización de los establecimientos geriátricos que funcionan en el distrito.
La iniciativa surge a partir de la preocupación manifestada por vecinos de Nueve de Julio respecto al resguardo de los derechos de las personas mayores que residen en centros gerontológicos. En ese marco, se recuerda que la Ley 14.263 y su Decreto Reglamentario 1.190/12 regulan el funcionamiento de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada —con o sin fines de lucro— en todo el territorio bonaerense.
La normativa establece obligaciones claras para los titulares responsables de estos centros, entre ellas: garantizar una adecuada atención integral, promover actividades que eviten el aislamiento social, mantener el inmueble y el equipamiento en correcto estado de conservación, llevar un legajo personal por residente y supervisar al personal a cargo.
Asimismo, el artículo 11 de la ley determina que la habilitación, categorización y fiscalización de los establecimientos geriátricos es otorgada por la autoridad de aplicación provincial. Una vez concedida la habilitación, las municipalidades deben registrarla y ejercen competencia concurrente en tareas de control, en las condiciones que fija la reglamentación.
A todo esto presentó un proyecto de ordenanza que establece un plazo máximo para que el Departamento Ejecutivo responda los pedidos de informes y requerimientos aprobados por el cuerpo legislativo.
La propuesta fija un término de diez (10) días hábiles administrativos desde la notificación fehaciente para contestar solicitudes de información, documentación, resoluciones o comunicaciones. Asimismo, contempla que, ante casos de complejidad debidamente fundada, el Ejecutivo pueda solicitar una prórroga excepcional de hasta cinco (5) días hábiles adicionales.
El texto fundamenta la iniciativa en la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones de control y fiscalización que la Ley Orgánica de las Municipalidades atribuye al Concejo Deliberante, señalando que la falta de respuestas o las demoras en contestar los pedidos de informes afectan el normal desarrollo de la tarea legislativa.
El proyecto también establece que, ante el incumplimiento de los plazos, el presidente del Concejo deberá exhortar formalmente al Ejecutivo a cumplir con el deber de colaboración institucional. En caso de persistir la falta de respuesta, el cuerpo podrá reiterar el pedido con apercibimiento, remitir los antecedentes a los organismos de control correspondientes o adoptar medidas institucionales y administrativas para garantizar el acceso a la información.
La ordenanza alcanzaría a resoluciones, comunicaciones, pedidos de informes y cualquier otra forma de requerimiento aprobada por el Concejo Deliberante.
Además se solicita que sea iluminado el acceso Arturo Ares que une la Ruta Nacional 5 con la Avda Urquiza, siendo la continuación de Agustín Alvarez.
Se trata de una vía estratégica de 3.100 mts. cuyo flujo vehicular y peatonal ha crecido considerablemente en los últimos años, especialmente a partir del aumento poblacional registrado en la localidad de El Provincial.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que una transitabilidad segura no solo implica el mantenimiento de las calles, sino también una adecuada señalización e iluminación, elementos clave para la prevención de delitos y accidentes.
Asimismo, se propone que la obra pueda financiarse mediante la afectación de los fondos recaudados a través de la Ley Provincial 11.969 —equivalentes al 6% del consumo— destinados específicamente a la instalación y mejora del alumbrado público.
Agencia MTR