Detrás del discurso de “bajar el gasto” y “modernizar el Estado”, el plan de La Libertad Avanza (LLA) para reformar la Constitución de la provincia de Buenos Ayres esconde una operación mucho más profunda y peligrosa: la desarticulación del equilibrio territorial y la consolidación de un poder político concentrado en el AMBA. El punto más sensible -y menos debatido- de ese proyecto es la unicameralidad legislativa.
La Legislatura provincial no es un gasto administrativo ni un obstáculo burocrático: es, o debería ser, la casa del pueblo bonaerense, donde se expresan las distintas realidades sociales, productivas y culturales de una de las provincias más extensas y diversas del país. Pretender reducirla a una sola cámara en un territorio con una distribución poblacional tan desigual no es eficiencia institucional: es injusticia política.
Hoy, el AMBA concentra aproximadamente el 67% de la población bonaerense, mientras que el 96% de la superficie provincial -el interior productivo, rural, portuario, energético y agroindustrial- queda demográficamente relegado. En un sistema unicameral, esa desigualdad se traduciría automáticamente en una hegemonía legislativa del Conurbano, dejando sin voz real a vastas regiones que sostienen la economía provincial y nacional.
La bicameralidad no es un capricho histórico: es un mecanismo de compensación territorial. El Senado, con representación más equilibrada por secciones electorales, permite que regiones con menor densidad poblacional pero enorme peso productivo puedan incidir en la toma de decisiones. Eliminar esa cámara es eliminar el último dique institucional que impide que la política bonaerense quede reducida a una lógica puramente electoral y urbana.
Algunos defensores de la unicameralidad proponen “corregir” la representación mediante ajustes proporcionales. Esa salida no solo es impracticable: es injusta en su raíz. Pretender equilibrar el sistema aumentando la cantidad de votantes por cada legislador del AMBA equivale a consagrar la desigualdad y a violentar el principio democrático elemental de representación política. El problema no se resuelve con fórmulas aritméticas ni con retoques técnicos: es estructural. La provincia de Buenos Ayres, con una población concentrada en el Conurbano y un territorio vasto y diverso, no puede sostener una sola cámara sin condenar al silencio político a la mayor parte de su geografía productiva.
En ese esquema, el gobernador -desde La Plata- concentraría un poder aún mayor, administrando recursos, obras y programas en función del peso electoral del Conurbano. El interior quedaría condenado a negociar migajas, sin capacidad real de bloquear, corregir o proponer políticas que contemplen su especificidad productiva, ambiental y social.
Pero la unicameralidad no es un fin en sí mismo. Es un instrumento. El verdadero proyecto que subyace en La Libertad Avanza es la fragmentación de la provincia en varias provincias funcionales a un modelo liberal extractivo. Provincias débiles, con escasa población y enorme territorio, donde el poder real quede en manos de pools de siembra, grandes arrendatarios y capitales concentrados.
Ese modelo implica una consecuencia directa: la expulsión de pequeños y medianos productores, el vaciamiento del interior y el desplazamiento de familias hacia las grandes urbes del Conurbano, generando una crisis demográfica, social y habitacional aún más profunda. No es casual: es la lógica histórica del liberalismo aplicado al territorio. Concentrar la tierra, concentrar la renta y concentrar la población sobrante en periferias urbanas sin futuro.
En el fondo, este debate no es sobre cámaras legislativas ni sobre ahorro fiscal. Es una lucha por la tierra productiva, por quién decide sobre ella y para quién produce. La unicameralidad, presentada como modernización, será en realidad una trampa oligárquica para demostrar que la provincia en inviable, que no puede ser representada de esa manera y que hay que dividirla en nuevas provincias y, así, podrán reconfigurar el poder en favor de unos pocos.
Defender la bicameralidad no es defender privilegios. Es defender el derecho del pueblo bonaerense, en toda su extensión territorial, a tener voz, representación y futuro. No conocen nuestra provincia. No dejemos que decidan por nosotros.
*Autor de ‘La Hora de los Intendentes’
Agencia MTR