
Organizaciones de defensa del consumidor y especialistas en seguridad infantil encendieron las alarmas por la venta en Argentina de juguetes que se encuentran prohibidos o fuertemente restringidos en otros países debido a los riesgos que representan para la salud y la integridad de niños y niñas. Se trata de productos que, pese a no cumplir con estándares internacionales de seguridad, pueden conseguirse con facilidad en comercios físicos y plataformas de venta online.
Entre los principales peligros señalados aparecen piezas pequeñas que pueden provocar asfixia, materiales tóxicos como plomo o ftalatos, bordes filosos, sistemas eléctricos defectuosos y mecanismos que pueden generar atrapamientos o quemaduras. En muchos casos, estos juguetes carecen de etiquetado adecuado, instrucciones en español o certificaciones oficiales que garanticen su seguridad.
Especialistas advierten que el problema se agrava por la falta de controles exhaustivos en productos importados y por la comercialización informal, donde los juguetes llegan al consumidor sin pasar por los procesos de verificación exigidos en mercados como la Unión Europea o Estados Unidos. Allí, normativas más estrictas obligan a retirar del mercado artículos que no superan pruebas de calidad y seguridad.
Desde asociaciones de consumidores recomiendan a las familias prestar especial atención al momento de comprar juguetes, verificando que cuenten con el sello de seguridad correspondiente, datos del fabricante o importador, edad recomendada y advertencias claras. También sugieren desconfiar de precios excesivamente bajos y evitar productos que no incluyan información básica sobre su origen.
Por su parte, expertos en pediatría y seguridad infantil subrayan la importancia de la supervisión adulta durante el juego, especialmente en niños pequeños, y remarcan que un juguete inseguro puede generar accidentes graves incluso en pocos minutos.
El debate vuelve a poner en foco la necesidad de reforzar los controles estatales, actualizar normativas y promover campañas de concientización para proteger a los más chicos. Mientras tanto, el llamado es a la responsabilidad compartida entre autoridades, comerciantes y consumidores para garantizar que el juego, lejos de convertirse en un riesgo, siga siendo una experiencia segura y saludable.


