La intención de la presente columna no es realizar un análisis técnico-jurídico del fallo que condenó a la expresidenta y actual vicepresidenta a seis años de prisión. El expediente en cuestión fue tratado por varias instancias institucionales: el tribunal técnico TOF 3, la sala de casación penal y, finalmente, por la Corte Suprema, el órgano de mayor jerarquía en materia de justicia.
Tampoco es objetivo de esta reflexión emitir una valoración política o partidaria, ya que es poco probable encontrar un punto de concordia en torno al tema. Como se ha podido observar, hay quienes están de acuerdo con el fallo, quienes lo rechazan, quienes creen que se hizo justicia y otros que sostienen que se trata de una persecución prescriptiva. Las interpretaciones son múltiples, muchas veces contradictorias, algunas fundamentadas, otras disparatadas, según el interés, posicionamiento ideológico, simpatía o antipatía del emisor.
Todos tenemos derecho a expresarnos y opinar. En mi caso, me gustaría referirme a dos puntos que, aunque no se desprenden directamente del fallo, sí lo hacen de manera indirecta y son sumamente relevantes.
1. El deber de rendir cuentas
Nuestra experiencia como ciudadanos nos permite, con un simple ejercicio de memoria, confirmar que muy pocas veces quienes fueron elegidos para conducir los destinos del Estado han rendido cuentas de su actuación.
El 23 de junio del corriente, el periódico Infobae publicó que “en las últimas tres décadas, sólo el 12% de las causas por corrupción llegó a juicio oral”, según una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia con información de la Corte Suprema.
La importancia del fallo en este sentido es fundamental. Si bien las decisiones políticas no son judicializables, el deber de rendir cuentas debe ser un principio rector de toda acción pública. El electorado evalúa a los funcionarios mediante el voto, pero lo hace con información muchas veces incompleta o distorsionada.
Esta inédita decisión judicial permite inferir que el sistema de justicia comienza a cumplir su función no solo frente a delitos cometidos por ciudadanos comunes, sino también por aquellos que ejercen el poder. El principio de igualdad ante la ley cobra aquí una fuerza ejemplificadora.
2. La política como negocio
Todos conocemos —o al menos hemos escuchado hablar— de casos de personas que pasaron de vivir con lo justo a tener una vida próspera gracias a su participación en la política. En el imaginario colectivo, es común la percepción de que muchos ingresan a la política no por vocación de servicio, sino con el objetivo de enriquecerse.
Con frecuencia, quienes acceden a cargos públicos no destacan precisamente por su desempeño previo en la actividad privada. Muchos no han tenido éxito —o directamente han fracasado— en el plano comercial, ocupacional o profesional. Algunos ni siquiera tienen una trayectoria verificable. Esta situación convierte a la política en un refugio económico, una “salvación personal”, muchas veces extensiva a familiares, amigos o parejas.
La frase “roba pero hace” se repite como si fuera un mérito, reflejo de una resignación social peligrosa. Esta lógica distorsiona el sentido básico de la función pública.
Contexto social y político
En lo que va del año, en elecciones celebradas en Chaco, Salta, Jujuy, San Luis, CABA y Misiones, el ausentismo fue el denominador común. Este dato es alarmante. El desinterés creciente por participar refleja una profunda disociación entre la dirigencia y la ciudadanía.
Los cuestionamientos tienen fundamento: ineficiencia, corrupción, falta de transparencia, degradación institucional y pérdida de credibilidad en la palabra política. Todo esto es consecuencia directa de malos resultados de gestión, tanto pasados como presentes.
En ese marco de apatía y descreimiento se dicta este fallo histórico que marca un antes y un después, no por la persona en sí, sino por el acto mismo de rendir cuentas ante la Justicia.
Conclusión: una ganancia en expectativa
Más allá del nombre de la persona condenada, es significativo que un alto exfuncionario haya tenido que comparecer ante la Justicia y recibir una condena por su mal desempeño. Este acto, más allá de sus implicancias jurídicas, sienta un precedente político y cultural: nadie está por encima de la ley.
Es deseable que la política se profesionalice y que los cargos públicos sean ocupados por personas íntegras, capacitadas y con verdadera vocación de servicio. Muchos ciudadanos honestos y capaces no participan hoy en política por rechazo a prácticas que se han vuelto habituales y tóxicas.
El fallo, en este contexto, deja una ganancia en expectativa: la esperanza de que el deber de rendir cuentas se transforme en norma, que la política recupere su esencia de servicio, y que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones.
*Abogado-Presidente de Seguridad Ciudadana en el Nueve
Agencia MTR