La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires quedó envuelta en una fuerte controversia institucional luego de que el gobernador Axel Kicillof resolviera vetar de manera parcial el presupuesto del cuerpo legislativo para el próximo año, en un punto central vinculado al giro de fondos por parte del Poder Ejecutivo.
La medida fue formalizada a través del decreto 2947/2025, mediante el cual el mandatario provincial observó un artículo que introducía un cambio sustancial en la forma en que se transfieren los recursos para el funcionamiento de Diputados. Hasta ahora, esos fondos se giraban de acuerdo a la disponibilidad financiera del Tesoro; la nueva ley, en cambio, establecía un mecanismo automático de transferencias, con intervención incluso del Tribunal de Cuentas para sancionar a los funcionarios que no cumplieran con el envío en tiempo y forma.
El veto desató un debate constitucional de alto voltaje. En el centro de la discusión aparece el artículo 94 de la Constitución bonaerense, que establece que la Legislatura sanciona su propio presupuesto —incluyendo la cantidad de empleados y la forma de provisión de los recursos— y que esa ley no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, desde el Gobierno provincial sostienen que el cambio aprobado por Diputados avanzaba sobre facultades del Ejecutivo. En una extensa fundamentación legal, Kicillof argumentó que el nuevo esquema ponía en riesgo el sistema de cuenta única del Tesoro y generaba un trato diferencial para la Cámara baja respecto de otros poderes del Estado, incluido el Senado.
Fuentes oficiales explicaron a DIB que el veto parcial fue consultado previamente con los organismos competentes y que todos avalaron la decisión. Además, cuestionaron el mecanismo impulsado por Diputados: “Se vetó porque era un sistema de asignación de recursos que privilegiaba a un poder del Estado por sobre los 17 millones de bonaerenses. No se puede priorizar un gasto no salarial frente a áreas sensibles como educación o seguridad”, señalaron.
¿Interna política en juego?
Más allá de los argumentos jurídicos, en los pasillos de la Legislatura tomó fuerza la lectura política del conflicto. La decisión de Kicillof fue vinculada a las tensiones internas entre los distintos sectores del peronismo —kicillofismo, cristinismo y massismo— que se disputan el control de la Cámara de Diputados, donde la presidencia se rota entre esos espacios.
El trasfondo del conflicto es el manejo de un presupuesto estimado en unos 222.800 millones de pesos, que surge del esquema legal que asigna a la Legislatura el 0,9% del presupuesto total de la provincia. Ese monto luego se reparte entre ambas cámaras, correspondiéndole al Senado alrededor de 156.204 millones de pesos, debido a su menor cantidad de integrantes.
Los caminos posibles
Frente al veto parcial, el Poder Legislativo tiene ahora tres alternativas: aceptar las observaciones del Ejecutivo y volver al sistema anterior de transferencia de fondos; judicializar la cuestión —un proceso extenso que, en principio, debería dirimirse en la Suprema Corte bonaerense—; o insistir con la redacción original del presupuesto, lo que requeriría reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Sesión con clima tenso y reparto de poder
El malestar generado por la decisión del gobernador fue tal que incluso estuvo en duda la realización de la sesión de este miércoles en Diputados. Finalmente, el debate se llevó adelante y permitió completar los nombramientos pendientes en cargos clave, consolidando el reparto de poder interno.
En ese marco, el bloque de libertarios disidentes de Unión y Libertad logró ubicar a la diputada Blanca Alessi en una de las vicepresidencias vacantes, mientras que la otra quedó en manos del radical Matías Civale.
Cabe recordar que en la sesión preparatoria anterior ya se había definido que la presidencia de la Cámara estará a cargo del peronista Alejandro Dichiara. Además, habían sido designados como vicepresidentes Alexis Guerrera (Frente Renovador), Mariano Cascallares (Movimiento Derecho al Futuro), Agustín Forchieri (PRO) y Juan Osaba (La Libertad Avanza).
El conflicto entre el Ejecutivo y Diputados suma así un nuevo capítulo a la compleja relación entre poderes en la provincia y promete derivaciones tanto políticas como judiciales en las próximas semanas.
Agencia MTR