Miguel Santos Vidal, vecino de Trenque Lauquen, reiteró su reclamo al Concejo Deliberante de ese distrito por la falta de tratamiento a diversas peticiones formales presentadas entre abril y agosto de este año. En una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, la profesora Marta Bathis, el ciudadano exige que se respete su derecho constitucional a la información, a la libertad de expresión y a peticionar a las autoridades, y advierte sobre posibles responsabilidades políticas y penales por omisión.
La misiva, fechada el 25 de agosto, detalla una serie de pedidos ingresados al HCD en los últimos meses. Entre ellos, se destacan:
Reclamos por incumplimiento del concejal Esteban Vidal, quien –según afirma– no habría presentado su Declaración Jurada Patrimonial y Financiera como lo exige la Ordenanza 4270/14.
Solicitudes de sanción a los concejales Pablo Aguirre y Alberto Rodríguez Mera por “engañar y mentir a la comunidad y a sus colegas”.
La presentación de pruebas documentales sobre supuestas prácticas de desinformación y “posverdad”.
Demandas para que el HCD facilite acceso equitativo a la plataforma audiovisual del Concejo, de cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, permitiendo una difusión imparcial de las propuestas de los distintos candidatos.
Santos Vidal también ha dirigido cartas abiertas tanto al cuerpo legislativo como a sus distintos bloques, denunciando una “tendencia fatal del poder a la impunidad” y una supuesta “distocia institucional”.
En su carta más reciente, el vecino insta a la presidenta del HCD a “deponer su actitud de cercenar el derecho a la información y a la comunicación”, recordando que la Constitución Provincial (art. 12, inc. 4) y la Nacional (art. 14) amparan sus reclamos.
Asimismo, advierte que la falta de tratamiento de sus presentaciones podría constituir un hecho de gravedad institucional, que no solo implica responsabilidad política, sino también una posible infracción penal bajo el artículo 248 del Código Penal. Cita también el artículo 287 del Código Procesal Penal bonaerense, que obliga a los funcionarios públicos a denunciar delitos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, ante la inminencia del cierre de campaña electoral, solicita que se priorice el tratamiento de su petición del 21 de agosto, orientada a garantizar el acceso equitativo a los canales de comunicación institucional para todos los candidatos.
El reclamo fue enviado con copia a los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio (Esteban Vidal), Unión por la Patria (Leticia Badino) y La Libertad Avanza (Gustavo Bories).
Agencia MTR