El Consejo Federal Pesquero (CFP) confirmó este jueves el retiro de la propuesta denominada “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Común”, impulsada por el Gobierno nacional, que contemplaba la transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia la flota congeladora.
La iniciativa había generado un fuerte rechazo por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cámaras empresarias, sindicatos y distintos actores vinculados a la actividad pesquera, quienes advirtieron sobre sus posibles consecuencias para el empleo y la producción en tierra.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, celebró la decisión y destacó que fue el resultado de un trabajo articulado entre el Estado provincial y los representantes del sector. “Días atrás nos reunimos en Mar del Plata con el Gobernador, empresarios y trabajadores del sector pesquero y nos comprometimos a llevar esta discusión hasta lo último. Este es un logro de todos”, afirmó.
Según consta en el Acta N° 15/2026 del Consejo Federal Pesquero, durante el tratamiento de las notas presentadas por la CGT y la CGT Regional Mar del Plata-Batán sobre la iniciativa, la Autoridad de Aplicación informó oficialmente el retiro del proyecto.
Rodríguez remarcó además el rol desempeñado por la Provincia en la defensa de la actividad pesquera bonaerense. “Este es un logro de la Provincia y del sector pesquero provincial y marplatense. Además de ir en contra de la Ley de Pesca, este proyecto iba contra todo el sector”, sostuvo.
La propuesta impulsada por el Gobierno nacional establecía que los buques fresqueros que no utilizaran la totalidad de sus cuotas de captura de merluza resignaran esos volúmenes para conformar un fondo de asignación que posteriormente podría ser distribuido entre embarcaciones congeladoras.
Desde la administración bonaerense señalaron que el esquema vulneraba el espíritu de la Ley Federal de Pesca y favorecía a la flota congeladora en detrimento de la actividad industrial que se desarrolla en tierra, especialmente en puertos como Mar del Plata, donde se concentra una importante parte del procesamiento pesquero nacional.
En los días previos a la decisión del CFP, Rodríguez había manifestado públicamente su oposición al proyecto, al considerar que atentaba contra el empleo registrado, el agregado de valor y el entramado productivo asociado a la pesca.
La resistencia a la iniciativa reunió a trabajadores, empresarios, gobiernos provinciales y representantes de toda la cadena pesquera, quienes coincidieron en advertir sobre los impactos económicos y sociales que podría generar su implementación.
Con el retiro formal de la propuesta, el Consejo Federal Pesquero puso fin a una discusión que había generado una amplia controversia dentro del sector. Desde el Gobierno bonaerense destacaron que la medida evita un escenario que, según sostuvieron, ponía en riesgo numerosos puestos de trabajo vinculados a la captura, el procesamiento y la industrialización pesquera en tierra.


