La actualización del Registro de Violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires fue el eje central de una nueva edición de “Derecho Preventivo”, el segmento de Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el abogado Leandro Armán comparte los lunes a las 9:30 para que se reflexiono sobre las normas de convivencia en sociedad. Durante la conversación, junto al conductor del ciclo Gustavo Tinetti, abordó los alcances de la medida impulsada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, su incidencia en las causas de violencia familiar y de género, y los desafíos que enfrenta un sistema judicial con una importante carga de trabajo.
Lo importante es que no se trata de un nuevo delito ni de una nueva ley penal, sino de un cambio en la forma en que la Justicia registra, comparte y consulta información sobre causas relacionadas con violencia familiar y de género
La incorporación de los fueros Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil al registro, vigente desde el 19 de octubre, representa una modificación relevante en el acceso y la consulta de información judicial. Según explicó Armán, la iniciativa apunta a mejorar la articulación entre los distintos ámbitos de la Justicia, facilitar el análisis de los antecedentes de cada caso y contribuir a una respuesta más rápida y adecuada ante situaciones de violencia.El Registro de Violencia Familiar (RVF) es una herramienta del Poder Judicial bonaerense que permite reunir y consultar información vinculada con actuaciones judiciales relacionadas con violencia familiar.
Su utilidad práctica es que los órganos judiciales autorizados puedan conocer antecedentes registrados en otros ámbitos de la Justicia y contar con información más completa al intervenir en un caso.
Por ejemplo, una situación podría involucrar simultáneamente:
- Una denuncia por violencia familiar.
- Una causa penal por amenazas o lesiones.
- Una actuación en la que intervenga la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.
Si esas actuaciones reúnen las condiciones para ser registradas, la integración de los sistemas puede facilitar que la información pertinente esté disponible para los órganos judiciales autorizados. Esto ayuda a evitar que los antecedentes queden aislados en sistemas diferentes.
Un registro que busca mejorar la coordinación judicial
Armán aclaró que la medida no reemplaza las funciones de los juzgados de paz, las fiscalías ni los organismos que intervienen en la atención y protección de las víctimas. Su objetivo es complementar el trabajo de esas instituciones mediante una mejor disponibilidad de información.
La consulta recíproca de los registros judiciales permite que los organismos intervinientes cuenten con mayores elementos para evaluar las situaciones que llegan a su conocimiento. De este modo, cuando un expediente requiere la intervención de otro fuero, los antecedentes relevantes pueden contribuir a comprender el contexto del conflicto y evitar que se analice cada episodio de manera aislada.
El abogado señaló que esta herramienta adquiere especial importancia en los casos de violencia familiar y de género, en los que pueden coexistir medidas de protección, denuncias por amenazas y otros hechos que requieren una intervención penal.
La posibilidad de acceder a información pertinente favorece una evaluación más completa de los riesgos y puede ayudar a que las decisiones judiciales se adopten con mayores elementos de análisis. La incorporación también alcanza al ámbito penal juvenil, lo que permite considerar situaciones en las que adolescentes son víctimas de violencia o aparecen involucrados como presuntos responsables de hechos violentos.
Juzgados de paz y fiscalías: funciones diferentes
Uno de los puntos centrales de la columna fue la necesidad de distinguir las competencias de cada organismo judicial.
Los juzgados de paz intervienen en cuestiones propias de su competencia, entre ellas determinados conflictos familiares, asuntos vinculados con alimentos y regímenes de comunicación, además de las medidas de protección que correspondan frente a situaciones de violencia familiar.
Entre esas medidas pueden encontrarse las restricciones de acercamiento, la exclusión del hogar y otras disposiciones destinadas a resguardar la integridad de las personas afectadas, según las circunstancias del caso y las facultades legales del órgano interviniente.
Sin embargo, cuando los hechos denunciados pueden constituir delitos, como amenazas o lesiones, corresponde dar intervención a las autoridades penales competentes. La investigación de esos hechos recae en el ámbito correspondiente, con participación de las fiscalías y de los organismos policiales y especializados que resulten necesarios.
En ese sentido, Armán remarcó que comprender la diferencia entre las funciones civiles y penales permite orientar mejor las denuncias y evitar confusiones respecto de las responsabilidades de cada institución.
También insistió en que las personas que atraviesan situaciones de violencia deben recurrir a los organismos correspondientes, sin dejar de considerar que cada expediente requiere actuaciones, análisis y plazos procesales propios.
La saturación judicial y la necesidad de respuestas oportunas
Durante el intercambio, Gustavo planteó una preocupación que atraviesa a numerosas comunidades: la sobrecarga de los juzgados y las dificultades para responder con la celeridad que requieren determinados conflictos, especialmente cuando existe riesgo para una víctima.
Armán coincidió en que los juzgados de paz trabajan con una importante cantidad de expedientes y situaciones complejas. En ese contexto, sostuvo que la incorporación de información al registro puede contribuir a mejorar la evaluación de los casos y a reducir las dificultades que genera la falta de articulación entre los organismos.
La violencia familiar y de género exige particular atención, ya que las medidas de protección pueden resultar determinantes para prevenir nuevos episodios. Por eso, la información disponible y la coordinación institucional son herramientas relevantes para analizar los antecedentes, identificar posibles riesgos y adoptar las decisiones que correspondan.
No obstante, el abogado dejó en claro que una nueva herramienta de consulta no resuelve por sí sola todos los problemas del sistema. La eficacia de la medida dependerá también de su aplicación, del trabajo cotidiano de los organismos involucrados y de los recursos disponibles para atender las demandas de la población.
Violencia juvenil: adolescentes como víctimas y como responsables de hechos violentos
Otro de los aspectos destacados fue la incorporación del ámbito de la Responsabilidad Penal Juvenil al sistema de consulta del registro.
Armán explicó que la violencia que involucra a menores de edad presenta diferentes escenarios. En algunos casos, los niños y adolescentes sufren agresiones dentro del entorno familiar o quedan expuestos a los conflictos entre sus progenitores. En otros, pueden aparecer involucrados en hechos de violencia ejercida contra otras personas.
Contar con información pertinente permite abordar esas situaciones con una mirada más amplia y considerar los antecedentes que puedan resultar relevantes para la intervención judicial.
El tema adquiere especial importancia cuando los conflictos entre adultos afectan directamente a los hijos. En esas circunstancias, el abogado subrayó que debe prevalecer el principio del interés superior del niño, que obliga a priorizar su bienestar y protección.
Los niños no deben quedar atrapados en las disputas de sus padres ni ser utilizados como instrumentos de presión dentro de un conflicto. La intervención de las autoridades debe procurar que sus derechos sean resguardados y que las decisiones se adopten teniendo en cuenta sus necesidades particulares.
La falsa denuncia y la protección de las verdaderas víctimas
La conversación también retomó una cuestión abordada en anteriores ediciones de “Derecho Preventivo”: las denuncias falsas y sus consecuencias.
Armán sostuvo que las denuncias deben ser examinadas con seriedad, respetando tanto los derechos de las personas denunciantes como las garantías de quienes son señalados. La determinación de la veracidad de los hechos requiere una investigación responsable, sin anticipar conclusiones ni desatender los elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.
El conductor y el abogado advirtieron, además, sobre el riesgo de que la sospecha generalizada de una posible denuncia falsa termine perjudicando a quienes efectivamente sufren violencia.
La respuesta institucional debe ser equilibrada: actuar con diligencia ante una denuncia, evaluar las medidas de protección necesarias e investigar los hechos con objetividad. La eventual falsedad de una denuncia debe acreditarse en el marco del procedimiento correspondiente, sin convertirla en un prejuicio que retrase la atención de otras víctimas.
El desafío consiste en evitar tanto la desprotección de quien denuncia una situación real como la vulneración de los derechos de una persona injustamente acusada.
La convivencia social, antes de que el conflicto llegue a tribunales
Más allá de las novedades judiciales, la columna abrió una reflexión sobre el comportamiento social y la manera en que se gestionan los desacuerdos.
Gustavo planteó que no todos los conflictos deberían terminar necesariamente en los tribunales y que, cuando las circunstancias lo permiten, es importante intentar resolver las diferencias mediante el diálogo, la prudencia y el respeto.
Armán coincidió en la importancia de promover mecanismos de convivencia que permitan abordar determinadas controversias antes de que escalen. La posibilidad de alcanzar acuerdos razonables puede evitar que diferencias personales o familiares se transformen en litigios prolongados.
Sin embargo, esa búsqueda de entendimiento tiene límites claros: la mediación informal o el diálogo no deben utilizarse para minimizar situaciones de violencia, exponer nuevamente a una víctima al agresor ni reemplazar la intervención de las autoridades cuando existen riesgos o posibles delitos.
La prevención, en consecuencia, exige distinguir entre los conflictos que pueden resolverse mediante acuerdos y aquellos que requieren una actuación judicial o policial inmediata.
El intercambio también puso de relieve la importancia de respetar a quienes trabajan en el sistema judicial. Detrás de cada expediente hay profesionales y trabajadores que intervienen desde distintas áreas, entre ellos abogados, psicólogos y trabajadores sociales, con responsabilidades vinculadas a la atención de las personas y la resolución de los conflictos.
Una herramienta para mejorar la respuesta, no un reemplazo de la Justicia
La ampliación del Registro de Violencia Familiar constituye una medida orientada a fortalecer la consulta de información entre los ámbitos judiciales involucrados. Su propósito es contribuir a una mejor evaluación de los casos y favorecer la coordinación entre los fueros Familiar, Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil.
Para Armán, el cambio debe entenderse como parte de un esfuerzo más amplio por mejorar el funcionamiento de la Justicia y ofrecer respuestas acordes con la complejidad de los conflictos actuales.
El abogado recordó que las personas que atraviesan situaciones de violencia no deben dudar en acudir a las instituciones correspondientes y que cada caso debe ser analizado conforme a sus circunstancias. También llamó a mantener un trato respetuoso hacia los trabajadores judiciales, sin desconocer el derecho de los ciudadanos a recibir atención y protección adecuadas.
La reflexión final volvió sobre el sentido de los juzgados de paz: contribuir a la resolución de conflictos y favorecer una convivencia más armónica dentro de la comunidad. Cuando el diálogo es posible, puede evitar que determinadas diferencias se profundicen; cuando existe violencia o riesgo, la intervención de las autoridades resulta indispensable.
La prevención, la información y la coordinación institucional son herramientas fundamentales, pero también lo son la responsabilidad individual, el respeto por los derechos de los demás y la protección prioritaria de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Estos fueron algunos de los ejes de la última edición de “Derecho Preventivo”, el espacio donde Leandro Armán en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, cada lunes propone acercar las novedades jurídicas a la comunidad y promover una mirada preventiva sobre los conflictos que atraviesan la vida cotidiana.
Agencia MTR