
La demanda de atención en salud mental creció con fuerza en el sistema público argentino y puso en alerta a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones. Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental aumentaron un 23% durante los últimos 12 meses, mientras que las internaciones se incrementaron un 42% entre 2023 y 2026.
Los datos forman parte del Segundo Informe Federal de Salud Mental, presentado en el Senado de la Nación en el marco del debate por una posible reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
El relevamiento fue coordinado por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y reunió información aportada por las máximas autoridades de salud mental de distintas provincias. En conjunto, las jurisdicciones participantes representan al 70,85% de la población argentina.
Aumentan las internaciones y las consultas
Uno de los principales indicadores que refleja la presión sobre el sistema público es el crecimiento de las internaciones por motivos de salud mental.
Según el informe, entre 2023 y 2026 las internaciones aumentaron un 42%, mientras que solamente durante el último año registraron una suba del 12%.
En paralelo, las consultas ambulatorias experimentaron un incremento del 23% en los últimos 12 meses, evidenciando una mayor demanda de atención y seguimiento de personas con padecimientos de salud mental.
El aumento también alcanza de manera significativa a niñas, niños y adolescentes, un grupo que concentra especial preocupación entre las autoridades sanitarias.
A este escenario se suma un cambio en el perfil de quienes recurren al sistema público. Las provincias señalaron que aumentó la cantidad de personas que perdieron la cobertura de obras sociales o empresas de medicina prepaga y que, como consecuencia, pasaron a requerir atención en el sistema estatal.
Preocupación por la situación de niños y adolescentes
En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, aportó durante la presentación un dato que encendió particularmente las alarmas: las internaciones por motivos de salud mental de menores de 18 años aumentaron 110% entre 2019 y 2025.
El funcionario también advirtió sobre la evolución de los suicidios en territorio bonaerense.
Según señaló, durante 2025 las muertes por suicidio en la provincia superaron a las producidas por accidentes viales y homicidios combinados.
Ante este escenario, Kreplak reclamó una mayor participación del Estado nacional y una estrategia coordinada entre las distintas jurisdicciones para afrontar el crecimiento de la demanda.
Más dispositivos, pero una demanda que crece más rápido
El incremento de las consultas y las internaciones se produce pese a que las provincias ampliaron durante los últimos años sus dispositivos de atención.
De acuerdo con el informe, las 14 jurisdicciones relevadas cuentan con dispositivos de salud mental en el primer nivel de atención y realizan internaciones en hospitales generales.
Entre 2021 y 2026 se incorporaron, además, al menos 388 nuevas camas específicas de salud mental en hospitales generales.
En tanto, 13 de las 14 provincias informaron ampliaciones tanto de sus camas de internación como de sus redes comunitarias.
La expansión incluyó equipos territoriales, centros de día, viviendas asistidas y dispositivos destinados específicamente al abordaje de los consumos problemáticos.
Sin embargo, las autoridades provinciales consideran que el crecimiento de la oferta no resulta suficiente para compensar el incremento de la demanda.
Los sistemas públicos se encuentran cada vez más exigidos y, en varias jurisdicciones, también aparecen dificultades para completar los equipos de atención con profesionales de determinadas disciplinas consideradas críticas.
El reclamo de las provincias
Durante la presentación del informe, Kreplak sintetizó la preocupación de las jurisdicciones ante el escenario actual.
La demanda creció y los sistemas públicos están cada vez más exigidos.
En ese sentido, sostuvo que el debate sobre la legislación vigente debería concentrarse en fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
la discusión no puede ser reducir derechos, sino ampliar la capacidad de cuidar. Necesitamos un Plan Nacional de Salud Mental.
Las autoridades provinciales plantearon una serie de prioridades para afrontar el crecimiento de la demanda: aumentar la inversión en salud mental, ampliar la infraestructura y los recursos humanos, fortalecer la red pública, garantizar el acceso a medicamentos y mejorar la producción de información epidemiológica a nivel nacional.
También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, con una estrategia federal que permita anticipar y responder al aumento de las necesidades de atención.
Un sistema bajo presión
El diagnóstico del Segundo Informe Federal de Salud Mental expone así una tensión creciente: mientras las provincias avanzaron en la ampliación de dispositivos y recursos, la demanda de atención aumentó a un ritmo que pone bajo presión la capacidad instalada.
El incremento de las consultas, el crecimiento de las internaciones y la situación particular de niños, niñas y adolescentes aparecen entre los principales desafíos.
En este contexto, el debate por la Ley Nacional de Salud Mental vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria. Las autoridades provinciales plantean que, más allá de las modificaciones normativas que puedan discutirse, el desafío inmediato pasa por aumentar la capacidad de atención y garantizar una respuesta federal, sostenida y accesible para quienes necesitan asistencia en salud mental.


