Hay algo llamativo en la discusión sobre los caminos rurales.
El reclamo suele adquirir fuerza cuando llegan las lluvias. Cuando un camino se vuelve intransitable, cuando un camión no puede salir, cuando una ambulancia tiene dificultades para llegar o cuando una escuela queda aislada o un patrullero se encaja, el problema vuelve a ocupar el centro de la escena. Y el ‘Super’ Niño moviliza preocupaciones y obras.
Después, con el paso del tiempo y cuando el camino vuelve a ser transitable, la discusión pierde intensidad.
Y allí aparece una contradicción.
Hay reclamos del sector agropecuario que permanecen durante todo el año en la agenda pública, como ocurre con las retenciones, porque forman parte de una discusión estructural sobre la producción y los recursos que genera el campo. También precios y cadena comercial. En cambio, la infraestructura que hace posible esa producción muchas veces aparece como un reclamo circunstancial, atado al clima.
No debería ser así.
Si la ruralidad es una de las principales fuentes generadoras de recursos de la provincia y del país, también debería existir una discusión permanente acerca de cómo una parte de esa riqueza vuelve al territorio en forma de infraestructura.
No como una devolución sectorial ni como un privilegio para el campo.
Como una decisión estratégica.
Porque el campo no solamente genera producción. Genera movimiento económico, empleo, actividad comercial, transporte, servicios, exportaciones y recursos fiscales que atraviesan distintos niveles del Estado.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué la infraestructura que sostiene esa generación de recursos no forma parte de una política de Estado de largo plazo?
De la reparación a la inversión
El objetivo debería ser mucho más ambicioso que mantener los caminos de tierra en condiciones aceptables.
En una provincia con la dimensión productiva de Buenos Aires, muchos de esos corredores deberían tener una proyección progresiva hacia la pavimentación, allí donde su importancia económica, social y territorial lo justifique.
No se trata de pavimentar todo.
Se trata de establecer un programa serio de jerarquización de corredores y de avanzar por etapas, con prioridades conocidas, financiamiento plurianual y objetivos que no dependan de quién gobierna en cada período.
Un camino estratégico no debería volver a discutirse cada vez que llueve.
Debería estar incorporado a una planificación de diez, quince o veinte años.
Eso es lo que significa pensar una infraestructura como política de Estado.
También hay que discutir cómo se reparten los recursos
Pero esa transformación no puede pensarse únicamente desde la obra pública.
Necesita estar acompañada por una discusión tributaria integral.
Si los territorios rurales generan una parte sustancial de los recursos que moviliza la economía provincial, los municipios que sostienen cotidianamente buena parte de esa infraestructura deberían tener una participación acorde en la distribución de esos recursos.
Las comunas rurales no pueden quedar atrapadas en una paradoja: ser territorios donde se genera riqueza y, al mismo tiempo, tener recursos insuficientes para sostener los caminos, los servicios y las necesidades que esa misma actividad productiva demanda.
La discusión, entonces, no debería reducirse a cuánto dinero se destina cada año a reparar caminos.
Hay que discutir cómo se generan, cómo se recaudan y cómo se distribuyen los recursos.
Una reforma tributaria integral debería contemplar esa realidad territorial y establecer mecanismos que permitan que una parte razonable de los recursos generados por la actividad rural contribuya de manera directa y previsible al sostenimiento de la infraestructura de los municipios donde esa actividad se desarrolla.
No se trata de que cada municipio se quede con lo que genera.
Se trata de que exista una distribución más inteligente, equitativa y vinculada con las responsabilidades que cada jurisdicción debe asumir.
El campo como primera fuente de una cadena de recursos
La discusión adquiere otra dimensión cuando se comprende la cadena completa.
El establecimiento produce.
El transporte mueve.
La industria procesa.
El comercio distribuye.
El Estado recauda.
Los municipios prestan servicios.
Y detrás de todo eso existe una infraestructura que permite que la rueda comience a girar.
El camino rural es uno de los primeros eslabones de esa cadena.
Por eso, si se reconoce la importancia económica de la ruralidad, también debe reconocerse la necesidad de invertir de manera sostenida en la infraestructura que la hace posible.
Durante demasiado tiempo se ha aceptado como normal que el camino rural sea una obra de mantenimiento permanente.
Quizás haya que empezar a pensarlo de otra manera.
No como un gasto que vuelve cada año.
Sino como una inversión que permite producir más, transportar mejor, vivir mejor y generar más recursos.
Y en esa discusión, los municipios rurales deben tener una silla en la mesa.
Porque son quienes conocen el territorio, reciben cotidianamente las consecuencias del deterioro y, muchas veces, deben afrontar con presupuestos limitados una responsabilidad que excede ampliamente sus posibilidades.
La lluvia no debería ser la que determine cuándo comienza la discusión.
La política pública debería anticiparse.
Y el presupuesto debería acompañarla.
En la agenda presente debe ser incorporada y que en el 2027 sea tema central y no solo mirándo las urnas. La atención en las obras llevará la vista a las urnas. Cambiando el enfoque se resolverán problemas antiquísimos.
Fotos y cuadros, gentileza La Trama
Agencia MTR