Hay anuncios que se presentan como un alivio para el bolsillo, pero que en realidad son una confesión explícita de inoperancia.
El reciente anuncio de un 50% de descuento en la tarifa del peaje de la Ruta Nacional 3 es el ejemplo perfecto de una perversión conceptual que se ha vuelto costumbre: pretender que pagar menos por algo que no funciona es un beneficio para el ciudadano.
Centrar la discusión en el porcentaje del descuento es caer en la trampa. La discusión no es si el peaje cuesta 100%, 50% o 1%. La discusión de fondo es la existencia misma de la contraprestación.
La lógica del absurdo
El peaje es la tarifa de un servicio. Su razón de ser legal y operativa es garantizar conservación, mantenimiento, auxilio y condiciones óptimas de transitabilidad y seguridad.
Si la ruta no está mantenida, si las banquinas no existen y si la vida de quienes transitan está en riesgo permanente por el deterioro de la calzada, la ecuación cambia drásticamente:El 50% de un servicio inexistente sigue siendo el 50% de NADA.
Aceptar un descuento como si fuera una solución es legitimar una paradoja inaceptable: el Estado o la concesionaria saben que la ruta es un desastre y, como “compensación”, nos cobran la mitad por el mismo peligro.
No nos están haciendo un favor; nos están cobrando una tarifa con descuento para mantener el mismo abandono, se financian con la “tuya”.
Las preguntas que no quieren responder
Antes de celebrar cualquier rebaja, deberemos exigir respuestas concretas a preguntas elementales:
¿Qué obra se ejecutó?
¿Dónde está el mantenimiento preventivo?
¿Qué estándares de seguridad se están garantizando hoy?
¿Cuál es la relación transparente entre lo cobrado y lo invertido?
Pagar menos por una ruta que te destruye el vehículo o te expone a un siniestro no es un ahorro: es una manera más barata de financiar el mismo problema de siempre.
Exigir lo obvio: Rutas, no descuentos
El ciudadano no tiene por qué elegir entre pagar caro por una ruta deficiente o pagar la mitad por una ruta igual de peligrosa. No pedimos un peaje barato sobre una ruta destruida. Exigimos una ruta segura, transitable y un Estado que cumpla con la ley.
Cuando el Estado o una concesionaria cobran sin brindar la contraprestación comprometida, no están administrando un servicio público: están cobrando por algo que no entregan. Y pretender que eso se soluciona con una rebaja del 50% es, sencillamente, tomarle el pelo al usuario.
El debate no es el precio del peaje. El debate es la vigencia del contrato de seguridad con la sociedad.
*Unión de Usuarios Viales
Agencia MTR