El régimen de concesiones viales implementado por el Gobierno Nacional, bajo la Red Federal de Concesiones (RFC), enfrenta serias críticas debido a sus contradicciones y falencias. A pesar de ser presentado como una solución para mejorar la infraestructura vial del país, esta política parece contradecir principios fundamentales de la Constitución Nacional, la equidad fiscal y la eficiencia administrativa, resalta uncocumento del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial. Las implicancias de este modelo afectan tanto a los usuarios como al interés público en general.
Incumplimiento de la Constitución Nacional
El Presidente de la Nación ha reiterado en numerosas ocasiones su compromiso con el cumplimiento de la Constitución Nacional. Sin embargo, el régimen de concesiones viales vigente y la futura RFC vulneran este mandato al no garantizar la existencia de caminos alternativos gratuitos. La imposibilidad de transitar libremente por el territorio nacional sin la imposición de un peaje afecta gravemente el derecho constitucional al libre tránsito.
Falsa noción de “libertad” y doble imposición
La imposición de peajes sobre la red vial nacional contradice la noción de libertad de tránsito, ya que se obliga a los ciudadanos a pagar por el uso de rutas que, teóricamente, deberían ser de acceso libre. Además, los usuarios ya abonan el Impuesto a los Combustibles, por lo que el cobro de peaje representa una doble imposición, lo cual se considera confiscatorio y en desacuerdo con el principio de razonabilidad tributaria.
Recaudación y malversación de fondos
El gobierno sostiene que “no hay recursos disponibles” para financiar obras viales; sin embargo, la recaudación anual del Impuesto a los Combustibles supera los 3.000 millones de dólares. Este dinero, que debería destinarse exclusivamente a la mejora de la infraestructura vial, está siendo desviado hacia otros fines, lo que configura una grave malversación de los recursos.
Concesiones con financiamiento público
El gobierno prometió que las nuevas concesiones viales serían financiadas por inversión privada. Sin embargo, los proyectos licitados como los Tramos Oriental y Conexión dependen en gran parte de fondos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que contradice las declaraciones oficiales y transfiere nuevamente la carga financiera al Estado Nacional.
Participación de grupos empresarios cuestionados
A pesar de las críticas del presidente hacia ciertos sectores empresariales, las empresas que actualmente se postulan para las nuevas concesiones viales pertenecen en su mayoría a los mismos grupos económicos que históricamente han estado vinculados a la corrupción en la obra pública y al “club del peaje”. Esta contradicción pone en duda la sinceridad del compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción.
Repetición de un modelo fracasado
El esquema actual de concesiones viales reproduce el mismo modelo implementado en la década de 1990, caracterizado por su ineficiencia, falta de control estatal y resultados nulos en términos de mejoras viales. Este modelo ha demostrado ser un fracaso rotundo, pero aún así se sigue aplicando, sin considerar sus evidentes deficiencias.
Incumplimiento de compromisos asumidos
En su discurso de campaña, el Gobierno Nacional había prometido la disolución de la empresa Corredores Viales S.A., una entidad estatal encargada de operar una estructura paralela a Vialidad Nacional. Sin embargo, tras casi dos años de gestión, la empresa sigue funcionando, limitándose a cobrar peajes sin realizar obras significativas, convirtiéndose más bien en una herramienta política de recaudación.
Nuevas concesiones sin inversión ni riesgo empresarial
Los pliegos licitatorios para las nuevas concesiones solo incluyen tareas de conservación básica, como el corte de pasto y la limpieza de las rutas, sin exigir inversiones o la ampliación de la capacidad vial. A pesar de esto, se prevé una drástica subida de tarifas y la instalación de nuevas estaciones de peaje, con un promedio de una cada 97 km, lo que incrementará el costo del transporte y afectará la competitividad económica del país.
Ineficiencia económica y perjuicio social
El sistema de peajes es insostenible en gran parte del territorio debido a la baja cantidad de vehículos que transitan por muchas rutas. Los recursos recaudados apenas cubren los costos operativos y las utilidades de las concesionarias, sin generar mejoras reales en la infraestructura. Además, el peaje actúa como un impuesto indirecto al tránsito, encareciendo el costo logístico y afectando la inflación, lo que tiene consecuencias negativas para toda la población, incluso para aquellos que no poseen vehículos.
Conclusiones y propuesta
El actual régimen de concesiones viales es ineficiente, injusto y carente de fundamentos técnicos sólidos. No solo vulnera derechos constitucionales, sino que también pone en riesgo la economía nacional. Por ello, se propone que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) asuma nuevamente la administración de la red vial, garantizando una gestión pública transparente, con control ciudadano y un uso específico de los fondos recaudados del Impuesto a los Combustibles para realizar obras viales efectivas y de largo plazo.
Este análisis busca visibilizar las falencias del régimen de concesiones viales en el país, exigiendo un cambio urgente que priorice la equidad, la eficiencia y el bienestar de los ciudadanos.
Agencia MTR