El Senado debatió el proyecto de Ley de Ficha Limpia, con media sanción de la Cámara de Diputados, que limitaba las candidaturas electorales de aquellas personas condenadas, estableciendo que no es necesario que la condena de una persona esté firme, pero sí que tenga una confirmación de un tribunal superior.
El proyecto proponía una incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (Ley 23.298, art. 33 incisos h). En la versión actual, este artículo enumera una serie de características que impiden ser candidato en elecciones primarias o generales y ejercer cargos partidarios.
El rechazo del Senado del mencionado proyecto nos retrotrae al ensayo titulado “Hacia la paz perpetua” escrito por Immanuel Kant en 1795. El filósofo prusiano de la Ilustración utiliza la ética para distinguir entre dos clases de políticos, aquellos que la utilizan como mero barniz para camuflar sus tropelías y otros que la toman como principio rector de sus decisiones.
A Kant le cabe imaginar “un político moral para quien los principios de la prudencia política puedan ser compatibles con la moral, pero no un moralista político que se forja una moral según la encuentre adaptable al beneficio del estadista”.
Este ensayo político escrito hace 230 años nos revela lo que tenemos ante nosotros no es la alborada del estío, sino una noche polar de una dureza y una oscuridad heladas que ha confirmado la sentencia de Voltaire: “La palabra política significa originariamente ciudadano, mientras que hoy viene a significar embaucador de los ciudadanos”.
Ante esta noche polar es necesario que prevalezca el distingo kantiano y desaparezcan los moralistas políticos de la gestión pública, donde sólo debería haber sitio para políticos morales. En definitiva, los políticos de índole moral no son en absoluto algo quimérico y deben proliferar cada vez más gracias a una presencia de la reflexión ética en las instituciones educativas.
Nuestra Constitución establece en su artículo 16 el requisito de idoneidad para ejercer un empleo público. Como se ha reconocido en el máximo nivel judicial, con referencia a cita de calificada doctrina, “la idoneidad a que se refiere el art. 16 de la Constitución Nacional entraña un concepto complejo que en un principio se demostró que se circunscribía al aspecto ‘técnico’ […] Pero pronto quedó de manifiesto lo restringido de tal punto de vista […] Lo ‘moral’ también integró entonces el concepto de idoneidad [pues] no pueden ser funcionarios o empleados públicos quienes cuidan de moral o se hallen afectados de tachas éticas […] Para actuar como funcionarios o empleados públicos hay que ser ‘buena persona’, entendiéndose por tal toda aquella que no tenga malos antecedentes […] Ciertamente, cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, más acendrada ha de ser la moral del funcionario o empleado…” (Caso “Bussi”, dictamen del Procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Esteban Righi, 31/5/2005).
Los ciudadanos tenemos tres herramientas garantizadas por la Constitución de la Nación para afrontar a esta clase política embaucadora: el derecho a peticionar a las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a elegir entre aquellos políticos que viven de la política y los políticos que viven para la política. Max Weber, en su célebre conferencia sobre “La política como vocación”, distinguió entre una ética de las convicciones y una ética de la responsabilidad, haciendo ver que la política exige esta última, porque hay que saber aplicar cuanto piden los principios.
*Economista-Empresario
Nota: Este artículo de opinión es ilustrado por ‘El arte de gobernar: la lección eterna de Lorenzetti. Luce en el Palacio Municipal de Siena. Los frescos de Ambrogio Lorenzetti muestran, desde el siglo XIV, cómo el buen gobierno trae prosperidad y el mal gobierno conduce al caos. Una obra maestra que une arte, política y ética en una visión vigente hasta hoy.
Agencia MTR