La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su satisfacción ante los recientes fallos judiciales que marcan un rumbo claro en relación al cobro de tasas municipales, especialmente aquellas vinculadas al mantenimiento de caminos rurales.
En los últimos días, decisiones en distritos como Daireaux y Azul se suman a un precedente ya establecido en Carlos Casares, donde la productora Andrea Passerini logró un fallo que declaró ilegítimo el cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.
Estos pronunciamientos consolidan un principio que CARBAP defiende desde hace años: una tasa sólo puede exigirse cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. Cuando esto no ocurre, el tributo se convierte en un impuesto encubierto, contraviniendo garantías constitucionales fundamentales.
En el caso de Azul, la Justicia incluso cuestionó la validez formal del tributo, declarando su inaplicabilidad por no haber sido aprobado con la mayoría constitucional requerida. Esto subraya la importancia de respetar los procedimientos legales en materia tributaria.
Diversos procesos judiciales en la provincia reflejan una problemática extendida: productores que pagan tasas viales sin recibir un mantenimiento adecuado de los caminos rurales, situación que ha motivado un creciente número de reclamos y acciones judiciales en distintos distritos.
Desde CARBAP señalaron que estos fallos no solo resuelven casos puntuales, sino que envían un mensaje institucional claro: la presión fiscal no puede sostenerse fuera de la legalidad ni desconectada de la prestación efectiva de servicios.
“El campo no rehúye sus obligaciones, pero exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe”, afirmaron desde la entidad.
CARBAP remarcó que la red vial rural es clave para la producción, la educación, la salud y el arraigo, y que su deterioro no puede convivir con un aumento sostenido de la carga tributaria. Por ello, instó a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento, priorizar la eficiencia en la gestión y garantizar que cada tasa tenga sustento en servicios reales.
“La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas. La transparencia y la contraprestación no son consignas: son la base de un sistema justo y sostenible”, concluyó CARBAP.
Agencia MTR