El Gobierno nacional dio un paso más en la privatización de la red vial argentina al oficializar el llamado a licitación pública para la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proyecto implica la concesión de casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales, que forman parte de un plan mayor que busca privatizar alrededor de 9.000 kilómetros de rutas de todo el país.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 1843/2025, publicada en el Boletín Oficial, y afecta a tramos clave de la provincia de Buenos Aires, como las rutas 3, 5, 226 y 205. La licitación, que abarca tanto la construcción como la explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas, será nacional e internacional, abriendo la puerta a operadores privados que gestionen estos tramos viales.
Los Tramos Licitados
El total de 1.872 kilómetros se divide en dos tramos principales:
Tramo Sur Atlántico Acceso Sur: Comprende 1.325 kilómetros, que incluyen:
Ruta 3 (aproximadamente 615 km)
Ruta 205 (aproximadamente 254 km)
Ruta 206
Varias autopistas, incluidas las de Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
Tramo Pampa: Se extiende por 547 kilómetros a lo largo de la Ruta 5, entre Luján y Santa Rosa (La Pampa), beneficiando a localidades como Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, y Trenque Lauquen.
Estos tramos no solo son vitales para la conectividad de las ciudades, sino que también tienen un alto tránsito de transporte de producción agropecuaria, lo que subraya la importancia estratégica de estas rutas.
Un Proyecto Sin Subsidios Públicos
Una de las características destacadas de esta licitación es que no contará con subsidios públicos, a diferencia de los modelos anteriores. Esto marca un giro en la política del Gobierno de Javier Milei, que ve en esta medida un avance hacia la eficiencia y la reducción del gasto estatal. Sin embargo, vecinos, transportistas y productores ya han expresado su preocupación por el estado de las rutas y la falta de inversiones previas en infraestructura vial.
Un Modelo que Recuerda la Privatización de los 90
Este nuevo enfoque de concesión recuerda al sistema privatizador que se implementó durante la presidencia de Carlos Menem en la década de los 90. En ese entonces, más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales fueron concesionados bajo el modelo de peaje. A pesar de las expectativas iniciales, el sistema sufrió modificaciones debido al descontento de los usuarios, quienes no percibieron mejoras sustanciales en el servicio.
El Gobierno nacional confía en que el nuevo esquema, aunque sin subsidios, será más eficiente y responderá mejor a las necesidades de los usuarios y al mantenimiento de la infraestructura vial.
Repercusiones y Críticas
A pesar de la aprobación de la licitación, las críticas no tardaron en llegar. Los habitantes de distintas localidades, así como los gremios y transportistas, han señalado la deficiencia en el estado de muchas de las rutas nacionales, lo que ha sido un tema recurrente en los últimos años. A esto se suman las quejas sobre la falta de inversión en obras públicas por parte del Gobierno actual.
Con esta nueva medida, el Gobierno nacional busca transformar la administración de la infraestructura vial, confiando en el sector privado para que se encargue de la construcción y mantenimiento, sin recurrir a financiamiento público. El éxito o fracaso del plan dependerá de cómo se implementen estas concesiones y si se logran mejoras concretas en las condiciones de las rutas, que son esenciales para el desarrollo económico del país.
El avance de la RFC sigue siendo un tema de debate, con fuertes opiniones a favor y en contra, pero el impacto de esta medida se verá en los próximos años, cuando las concesiones empiecen a tomar forma y las rutas bajo gestión privada comiencen a operar.
Agencia MTR