‘Por pagos anticipados de importaciones de bienes’ el Banco Central de la República Argentina inició una investigación ante una denuncia del Banco Credicoop y que involucra a la Cooperativa de Servicios ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio. El monto en cuestión es de 600.000 dólares que al momento de los hechos significaban $ 5.195.400. Hoy es de $ 60.000.000.
Los hechos se vinculan entre el 24 de diciembre de 2014 y el 13 de marzo de 2015 y alcanzan a la totalidad de los integrantes del entonces Consejo de Administración de la Cooperativa de Todos.
Esa conducción había comprado dos generadores diésel Wartsila 2.3 MW – usados – a través del programa gubernamental PROINGED – Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distributiva – para mejorar la cantidad de flujo que se envía a la red de usuarios. Todo se gestionó a través del FREBA, Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires y así se obtuvieron los recursos dinerarios.
Ahora bien, esa compra no le consta a la AFIP, conforme el aplicativo RI SEPAIMPO, quien también fue consultada en la investigación.
Ínterin de por medio, aparece la empresa AQR Trading SRL, quien fue intermediaria de la importación, con algunas observaciones del Ministerio de Producción y Trabajo en el certificado de importación que la Cooperativa nunca cumplimentó. Se trataba de un CIBU – Certificado de Importación de Bienes Usados – CIBU-, irregular.
Esa compra, habría quedado en el puerto de Buenos Aires, y ahora, con esta investigación toda vez que nunca se retiró hay dudas si realmente existió. Lo cierto es que la actual administración de la CEyS le pagó al importador que adujo no poder retirar la mercancia de aduana. Ahora, hay dudas si realmente existió la compra a una empresa en la India.
Lo cierto es que el Banco Central, señala concretamente que ‘la actividad cambiaria desarrollada por la Cooperativa de Servicios ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, fue la de haber realizado seis pagos anticipados de importaciones de bienes por 600.000 dólares con documentación insuficiente e inconsistente para determinar la genuina operatoria de comercio exterior sin poder establecerse que los bienes que habrían arribado al puerto argentino fueron pagados con fondos públicos para adquirir mercadería usada de origen Francés – pero fue en la India -, a través de un supuesto intermediario con sede en Uruguay. Y lo que entiende es que fue violado el Régimen Cambiario.
Además, de la investigación en curso se expresa que ese engaño al Régimen Cambiario se hizo en un periodo – diciembre 2014 a marzo 2015 -, cuando había rígidos controles cambiarios del Banco Central.
En otras palabras, no se descarta que se trate de ‘una maniobra fraudulenta’ toda vez que del informe surge claramente que se trata de operaciones de cambio mediando falsas declaraciones por lo que la responsabilidad de las transgresiones violando la ley penal vigente alcanza a quienes tenían decisión de poder sobre la Cooperativa nuevejuliense. Añadiendo que conforme el art.50 del Estatuto Social, la Administración de la Cooperativa está a cargo de un Consejo de Administración de nueve titulares y tres suplentes.
De esta manera, el Banco Central en su informe hace mención concreta que la responsabilidad alcanza a Omar Malondra, como Presidente de entonces (diciembre 2014 a marzo 2015), Sergio Cervatte como vicepresidente, Alfredo Poggi como tesorero, Juan Carlos Carrero como protesorero, a los vocales, Ricardo Paladino, Oscar Buffone, y Daniel Rusconi; a la Secretaria firmante de las operaciones cuestionadas, Carmen Amalia Castagnino y Catalina Antonia Fernández como prosecretaria.
Por sus funciones ‘no podían ni debían permanecer ajenos a la realización de las operaciones de cambio, aquí analizadas, pesando en consecuencia sobre sus personas la obligación de evitar resultados típicos, considerados disvaliosos dada sus condiciones de garante’, se resalta en el dictamen. Por consiguiente, al materializar la voluntad de la persona ideal, son responsables por las atribuciones delegadas o conferidas, y se les hace cargo de pagar 600.000 dólares.
Del informe se añade, que también se hace responsable a la Cooperativa nuevejuliense desde las personas nombradas, por consiguiente, ante el hecho en cuestión habrá que saber cuál será el temperamento a seguir por parte del actual Consejo de Administración, ajeno a todos estos sucesos de defraudación y engaño, que ahora se anotician desde CN.
No obstante, el Banco Central podrá ir contra la CEyS para cobrar ese dinero, incluido, embargos y otras medidas para que se le cancele la multa.
Mientras en Mercedes sigue una causa penal contra los entonces, Presidente, Secretaria y Tesorero, ahora, se suman en otra causa a los nueve miembros del Concejo de Administración del período 24 de diciembre 2014 al 13 de marzo 2015.
Agencia MTR