Una expresión descalificadora pronunciada en un acto político abrió una discusión que va más allá de dos intendentes. No se trata de impedir las diferencias ni de limitar la crítica, sino de recordar que quienes representan al pueblo tienen una responsabilidad que no termina en el micrófono ni se suspende cuando comienza un acto partidario.
Hay palabras que pasan inadvertidas. Otras, en cambio, dicen mucho más de quien las pronuncia que de la persona a la que están dirigidas.
El mensaje alcanza a todo político y en particular a quienes esán en el ejerccio del Poder representado con el respaldo de sus votos a toda ciudadanía.
En un acto de contenido político, un intendente de un distrito de la región utilizó el término «cachivache» para referirse a una intendente del distrito donde se desarrollaba.
La palabra tampoco es inocente.
Según el uso habitual del término, «cachivache» alude a un objeto viejo, inútil, de poco valor o despreciable. Trasladada al trato hacia una persona-mujer-, adquiere una carga despectiva y de menosprecio: no cuestiona una decisión, una política o una gestión, sino que busca rebajar a quien es objeto de la expresión.
Allí está precisamente la diferencia entre la crítica política y la descalificación personal. Una cosa es discutir lo que alguien hace; otra, pretender desvalorizar a quien representa una institución y a una comunidad.
La expresión, por su naturaleza y por el contexto en el que fue pronunciada – además de fuera de contexto-, excedió el terreno de la discusión política y abrió una cuestión que merece una mirada más profunda: ¿hasta dónde llegan los límites de la confrontación cuando quien habla ocupa una responsabilidad institucional?
No es un asunto menor. Tampoco debería reducirse a una cuestión de susceptibilidades personales.
Ambos son representantes elegidos por el pueblo. Ambos administran responsabilidades públicas, conducen comunidades y tienen la obligación de expresar, incluso en sus diferencias, una conducta acorde con la función que desempeñan.
La política admite el desacuerdo. Lo necesita. Permite cuestionar decisiones, discutir modelos de gestión, señalar errores, confrontar prioridades y exigir explicaciones. Nada de eso debería sorprender en una democracia. Pero una cosa es ejercer la crítica y otra, muy distinta, recurrir a la descalificación personal.
La diferencia no está solamente en las palabras. Está en el lugar desde el que se pronuncian.
Un intendente no deja de ser intendente cuando participa de un acto partidario. Puede hablar desde una posición política, expresar sus convicciones y defender su espacio, pero la investidura que representa continúa acompañándolo. La función pública no se guarda junto con el protocolo al salir de una actividad institucional.
Y aquí aparece un aspecto que merece especial atención.
La intendenta aludida tiene un estilo de comunicación pública caracterizado por la cercanía, el trato amable y una presencia que busca transmitir accesibilidad. Siempre está pulcra y vestir sencillo. Su manera de relacionarse con los vecinos no se apoya habitualmente en la confrontación verbal ni en la respuesta agresiva. Es una forma de ejercer la comunicación política que también merece ser considerada dentro de la diversidad de estilos que conviven en la vida democrática. Transita el cambio de época y sabe que la confrontación o tono elevado divide y procurra cerrar grietas. Convoca a sumarse.
Del otro lado, el episodio se produce en un contexto de expresiones verbales de tono provocador y confrontativo. No se trata de establecer una competencia entre personalidades ni de discutir quién tiene más o menos carácter. Se trata de observar qué sucede cuando la palabra de un funcionario, en lugar de aportar argumentos, se convierte en una herramienta de descalificación.
La reacción de quienes escucharon la expresión también merece una lectura. Más allá de las pertenencias políticas, se percibió una reacción de solidaridad hacia la mujer aludida. Una reacción que puede interpretarse como una señal de incomodidad frente a una forma de dirigirse a otra persona que no encontró justificación en el debate público.
No necesariamente se estaba tomando partido por una gestión, por un espacio político o por una determinada posición electoral. Había algo más elemental: la percepción de que ciertas formas no corresponden.
Porque el respeto no debería depender de la simpatía, de la cercanía política ni de la coincidencia ideológica.
También es importante poner cada situación en su contexto. No se trataba de una visita institucional del intendente a la comunidad de su colega, ni de una actividad compartida bajo un protocolo oficial que obligara a una interacción entre ambos. Era un acto político, con su propia dinámica y sus propias reglas de expresión. Pero precisamente allí aparece la cuestión de fondo: que no exista un encuentro protocolar no significa que desaparezca la responsabilidad institucional.
La política partidaria y la representación pública son dimensiones diferentes, aunque muchas veces se expresen en una misma persona.
Un acto político permite discursos intensos, críticas severas y diferencias explícitas. No convierte, sin embargo, cualquier expresión en legítima por el solo hecho de pronunciarse desde un escenario partidario.
La responsabilidad alcanza a todas las áreas de la vida pública.
Al ámbito ejecutivo, donde las decisiones afectan directamente a los vecinos. Al legislativo, donde la discusión debe sostenerse con argumentos. A los espacios partidarios, donde se construyen posiciones y se expresan diferencias. A la comunicación institucional, que no puede transformarse en una extensión permanente de la disputa. Y también a quienes tienen responsabilidades de conducción territorial y regional.
Las formas no son un detalle decorativo de la política. Son parte de su contenido.
Un dirigente puede ser enérgico sin ser ofensivo. Puede ser contundente sin humillar. Puede cuestionar una gestión sin descalificar a quien la conduce. Y puede defender sus ideas sin convertir al adversario en un objeto de burla.
La cercanía con la gente tampoco se mide por el volumen de la voz ni por la capacidad de provocar una reacción. Se construye con presencia, escucha, respuestas y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
En tiempos donde la sociedad reclama soluciones concretas, transparencia y mayor responsabilidad de sus representantes, la palabra pública adquiere un valor especial. No porque los funcionarios deban hablar con solemnidad permanente, sino porque tienen una exposición y una responsabilidad que no son comparables con las de cualquier ciudadano en una conversación privada.
La cuestión, entonces, no es si una intendenta debe responder o guardar silencio. Tampoco si un intendente tiene derecho a expresar sus diferencias. La cuestión es qué modelo de convivencia política se está construyendo cuando la descalificación comienza a ocupar el lugar del argumento.
Una democracia no exige uniformidad. Exige respeto por las diferencias.
Y quienes fueron elegidos para representar a sus comunidades tienen una responsabilidad adicional: demostrar que es posible discutir con firmeza sin abandonar las reglas básicas de convivencia.
Porque, al final, los cargos son circunstanciales, las gestiones tienen sus tiempos y las diferencias políticas forman parte de la historia de cada comunidad.
Pero la institucionalidad permanece.
Y cuando la palabra pública se utiliza para degradar en lugar de debatir, no queda expuesta solamente la persona a la que se dirige la descalificación. También queda expuesto el valor que cada representante le asigna a la función que el pueblo le confió.
La política puede levantar la voz. Lo que no debe es perder es el respeto.
*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso (Parada Robles), 2007
Agencia MTR