Cuando el poder señala al periodismo, el silencio también interpela

La descalificación presidencial contra periodistas no es una disputa personal: es un problema institucional que compromete la libertad de expresión. El silencio de las empresas periodísticas y la falta de una respuesta colectiva a la altura de la gravedad de los hechos merecen una reflexión urgente.

Hay límites que una democracia no debería permitir que se naturalicen. Uno de ellos es que el presidente de la Nación, desde la posición de máxima autoridad del Estado, señale públicamente a periodistas, los insulte, los estigmatice y utilice expresiones que evocan castigos violentos contra quienes ejercen el derecho de informar y cuestionar al poder.

Lo ocurrido con Javier Milei y sus recientes declaraciones contra periodistas argentinos excede largamente una controversia política, una diferencia de criterios o una discusión sobre la veracidad de una información.

Cuando el jefe de Estado identifica con nombre y apellido a profesionales de la comunicación y habla de que algunos deben «quemarse en la hoguera», la preocupación deja de ser exclusivamente periodística: pasa a ser democrática.

No se trata de discutir si un periodista tiene razón, si una investigación estuvo bien realizada o si una columna de opinión resulta acertada. Todo eso forma parte de la dinámica legítima del debate público. Los funcionarios pueden responder, desmentir, aportar pruebas, exigir rectificaciones y acudir a la Justicia cuando consideren que sus derechos fueron vulnerados.

Lo que no debería convertirse en una práctica habitual es la utilización del peso simbólico y político de la Presidencia para exponer a periodistas al escarnio público.

La crítica es un derecho. La intimidación desde el poder es otra cosa.

El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando quien protagoniza esos episodios es el presidente de la República. No existe una equivalencia entre la palabra de un periodista y la de quien ejerce la máxima autoridad del Estado. El primero puede cuestionar al poder; el segundo, además de tener derecho a defender su gestión, tiene una responsabilidad institucional especial: evitar que su investidura se convierta en un instrumento de hostigamiento.

Las palabras presidenciales tienen alcance, repercusión y consecuencias. Pueden instalar sospechas, alimentar campañas de agresión en las redes sociales y contribuir a crear un clima en el que el periodista deja de ser considerado un trabajador que investiga e informa para convertirse en un supuesto enemigo político.

No hace falta afirmar que toda expresión agresiva desembocará necesariamente en una agresión física para comprender el riesgo. Basta reconocer que señalar públicamente a una persona, desacreditarla y asociarla con imágenes de castigo puede incrementar su exposición y deteriorar las condiciones en las que desarrolla su trabajo.

Por eso, hablar de una amenaza a la libertad de prensa no es exagerar una disputa corporativa. Es advertir sobre una conducta que merece rechazo y una respuesta institucional inequívoca.

¿Dónde están las empresas periodísticas?

Hay otra pregunta que no puede quedar fuera de esta discusión: ¿qué hacen las empresas propietarias de los medios en los que trabajan los periodistas señalados?

Cuando un presidente ataca a un profesional de la comunicación, no está cuestionando únicamente una individualidad. También pone en discusión las condiciones en las que ese trabajador puede cumplir su tarea, investigar asuntos de interés público y publicar información sin temor a represalias.

Los medios tienen derecho a establecer sus líneas editoriales, y sus periodistas no están exentos de críticas. Pero la independencia editorial no puede servir como argumento para desentenderse de las condiciones de seguridad, dignidad y libertad en las que trabajan sus equipos.

Si una empresa periodística considera que la tarea de sus profesionales es importante para la sociedad, debería defender su derecho a ejercerla sin intimidaciones, independientemente de que comparta o no cada una de sus opiniones.

El silencio de una conducción empresarial frente a ataques de esta naturaleza, cuando efectivamente se produce, abre un interrogante incómodo: ¿la defensa de la libertad de prensa es un principio irrenunciable o depende de quién sea el periodista agredido, de qué medio provenga y de los intereses que puedan verse afectados?

No corresponde generalizar ni afirmar que todos los medios permanecieron callados. ADEPA y FOPEA ya habían expresado en octubre su rechazo a otros agravios presidenciales. Sin embargo, ante la nueva escalada de declaraciones, corresponde exigir que las respuestas sean públicas, claras, oportunas y proporcionales a la gravedad de lo sucedido.

La defensa de un periodista no debería depender de su popularidad, de la línea editorial de su medio ni de su relación con el gobierno de turno. Tampoco debería limitarse a una declaración ocasional que pierde fuerza cuando desaparece de la agenda informativa.

Tirar a una hoguera a cualquier persona es muy grave y el hecho se multiplica cuando a quien se quiere acallar es por ser parte de la labor de informar en democracia.

La libertad de prensa se demuestra, sobre todo, cuando defenderla resulta incómodo.

En este escenario, las organizaciones que representan a los periodistas y a las empresas de comunicación tienen una responsabilidad que no pueden eludir.

FOPEA, ADEPA, la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y las demás entidades vinculadas con la actividad deben sostener una posición firme frente a cualquier conducta que pueda intimidar, estigmatizar o poner en riesgo a quienes ejercen el periodismo.

Y mucho más lo deban hacer las Cámaras de Empresas Periodisitcas en defensa de sus profesionales y el deber de la defensa de la libertad de expresión y la democracia.

Cada una tiene una naturaleza, una representación y una función diferentes. Precisamente por eso, una respuesta conjunta tendría un valor institucional significativo: demostraría que la defensa de la libertad de expresión está por encima de las diferencias gremiales, empresariales, ideológicas y editoriales.

No alcanza con expresar solidaridad individual con los colegas afectados. Es necesario reclamar que cesen los agravios, exigir que los funcionarios públicos se abstengan de promover discursos intimidatorios y establecer mecanismos de acompañamiento y protección para los profesionales expuestos.

También corresponde pedir a las autoridades competentes que actúen cuando existan amenazas concretas, con las garantías legales correspondientes y sin distinciones partidarias.

La libertad de expresión no es patrimonio de una organización ni privilegio de una profesión. Es un derecho de toda la ciudadanía, porque sin periodistas capaces de investigar, preguntar, contrastar información y cuestionar las decisiones oficiales, la sociedad pierde herramientas fundamentales para controlar a quienes gobiernan.

Un silencio que debe interpelar

La pregunta de fondo es por qué, ante hechos de semejante gravedad, no siempre aparece una reacción colectiva tan contundente como la que la situación demanda.

Las empresas periodísticas deben explicar qué posición asumen frente a los ataques contra sus trabajadores. Las asociaciones deben sostener sus principios más allá de la coyuntura. Los dirigentes políticos tienen que abandonar la comodidad de las declaraciones selectivas y pronunciarse sin dobles estándares. Y las instituciones democráticas deben recordar que la libertad de prensa no puede quedar subordinada a la voluntad del gobernante de turno.

No se reclama inmunidad para los periodistas. Se reclama igualdad ante la ley, respeto por el trabajo profesional y la posibilidad de ejercerlo sin amenazas ni campañas de estigmatización desde el poder.

Tampoco se pide que todos los medios compartan una misma interpretación política. Se exige algo mucho más elemental: que exista un acuerdo básico en torno a la protección del derecho a informar y a ser informado.

Cuando el presidente descalifica a periodistas, la respuesta democrática no puede ser el temor, la indiferencia ni el cálculo de conveniencia. Debe ser la defensa pública de las reglas que hacen posible la convivencia democrática.

Porque el periodismo puede equivocarse y debe rendir cuentas por sus errores. Pero ningún funcionario, por más votos que haya obtenido, tiene derecho a convertir la crítica periodística en una razón para estigmatizar a quien la ejerce.

La libertad de prensa no se defiende solamente cuando atacan a los periodistas propios. Se defiende, sobre todo, cuando el atacado piensa distinto, trabaja en otro medio o cuestiona al gobierno que uno apoya.

Por eso, el reclamo es concreto: que las asociaciones de periodistas, las entidades empresariales de prensa, los sindicatos y las conducciones de los medios se pronuncien con claridad; que expresen su rechazo a las declaraciones intimidatorias; que acompañen a los profesionales señalados y que exijan al presidente el cese de estas prácticas.

No se trata de defender nombres propios ni intereses corporativos. Se trata de defender un principio democrático irrenunciable.

Cuando el poder señala al periodismo, la sociedad tiene derecho a esperar una respuesta. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de defenderlo callan, ese silencio también merece ser interrogado.

Porque una democracia no se debilita únicamente cuando se amenaza a quien informa. También corre riesgos cuando la intimidación se vuelve costumbre y la defensa de la libertad de prensa queda librada a la voluntad o a la conveniencia de cada actor. Cadena Nueve ya vivió ataques y vivió el silencio de las instituciones de la democracia del distrito, la provincia y la nación. Se defendió sola y gracias a Dios ya fue olvidadas las circunstancias, las que deben ser recordadas por quienes guardaron silencio para reflexión y evitar futuros ataques institucioales y personales, como ocurrió.

La libertad de expresión no necesita periodistas obedientes ni presidentes silenciosos ante las críticas. Necesita instituciones firmes, medios responsables y gobernantes capaces de aceptar que, en democracia, el poder también debe rendir cuentas.