La sentencia definitiva en la causa Kersich dio por cumplidas las obras que permitieron garantizar agua potable con los parámetros exigidos. Julia Crespo, una de las referentes de Todos por el Agua, recordó en ‘Despertate’ por Máxima 89.9, Cadena Nueve y Visión Plus el camino recorrido junto a cientos de vecinos, el rol de Juan Gabriel Kersich y advirtió que la tarea no termina: “Hay que seguir controlando”.
La sentencia definitiva llegó después de 16 años, pero la historia que la Justicia acaba de cerrar comenzó mucho antes.
El fallo dictado en la causa conocida como “Kersich y otros” puso punto final a un largo proceso judicial iniciado por vecinos de 9 de Julio que reclamaron por la presencia de arsénico en el agua de red y exigieron una solución que alcanzara a toda la comunidad.
La resolución reconoce el derecho a recibir agua potable con un máximo de 0,01 miligramos de arsénico por litro y, al mismo tiempo, considera cumplidas las obligaciones vinculadas con las obras realizadas para alcanzar ese objetivo.
Pero detrás de la sentencia hay una historia que excede al expediente judicial.
Es la historia de vecinos que durante años se organizaron, reunieron información, realizaron análisis, viajaron a La Plata, participaron de reuniones con funcionarios, siguieron las obras y sostuvieron un reclamo sin cortes de calles ni movilizaciones masivas.
Una historia que Julia Crespo volvió a recorrer en una entrevista con Despertate, por Cadena Nueve y Máxima 89.9, donde insistió en que el verdadero protagonista no es una persona, sino la comunidad.
Dos caminos para un mismo objetivo
Crespo recordó que durante los primeros cinco o seis años el trabajo fue intenso y estuvo atravesado por reuniones, gestiones, documentos y también momentos de frustración.
El grupo decidió avanzar simultáneamente por dos caminos: el institucional y el judicial.
Por un lado, estaban las mesas de trabajo con las autoridades provinciales y el acuerdo alcanzado ante la Defensoría del Pueblo. Por otro, el amparo judicial que siguió adelante aun cuando las obras comenzaron a concretarse.
Ese punto es uno de los aspectos particulares que ahora reconoce la sentencia: la solución material al problema comenzó a construirse mientras la causa todavía estaba en trámite.
“Nosotros decidimos seguir las dos patas de nuestra lucha”, explicó Crespo al reconstruir aquella decisión.
La organización vecinal no abandonó el expediente cuando comenzaron a verse avances y tampoco dejó de reclamar ante las autoridades porque existiera una causa judicial.
El objetivo era uno solo: que el agua que llegara a las viviendas de 9 de Julio fuera segura.
El reclamo que se sostuvo con documentación
Una de las claves que Crespo destacó durante la entrevista fue la necesidad de fundamentar cada reclamo.
El grupo no quería limitarse a denunciar que el agua no era apta. Buscó demostrarlo mediante análisis de agua y estudios que permitieran respaldar cada presentación.
Cuando se discutía la presencia de arsénico, aparecían los análisis de los pozos.
Cuando se cuestionaba si los vecinos estaban expuestos al contaminante, aparecían los estudios realizados sobre los propios habitantes.
“Siempre fue fundamental dar los argumentos reales y con pruebas”, recordó.
Esa metodología terminó convirtiéndose en una de las fortalezas del reclamo.
La discusión dejó de ser solamente política o vecinal para transformarse también en una discusión sustentada en evidencia y parámetros técnicos.
2.700 vecinos detrás de una causa
El reclamo tampoco quedó limitado a quienes iniciaron el amparo.
Uno de los momentos más importantes fue la campaña para incorporar vecinos al proceso judicial.
Crespo recordó que inicialmente fueron 25 los primeros amparistas, pero posteriormente se impulsó una campaña de adhesión que reunió a aproximadamente 2.760 vecinos.
Muchos de ellos debieron presentarse en el juzgado para legalizar sus firmas.
Para la referente de Todos por el Agua, esa participación fue determinante para transformar una demanda particular en un reclamo colectivo.
Y ese carácter colectivo es precisamente otro de los puntos que adquirió especial relevancia en la resolución judicial.
La idea es sencilla: si un vecino tiene derecho a recibir agua potable bajo determinado estándar, ese derecho no puede quedar limitado exclusivamente a quien inició una causa.
La problemática alcanza a la comunidad.
Juan Gabriel Kersich, desde el primer día
Durante la entrevista, Crespo hizo una pausa para realizar un reconocimiento especial a Juan Gabriel Kersich, uno de los impulsores de la causa, quien falleció antes de conocer este cierre definitivo.
“Sin él esto no hubiese podido ser”, afirmó.
Kersich fue quien, según recordó Crespo, ayudó a involucrar a otros vecinos, a comprender el problema y a encontrar el camino para transformar la preocupación individual en una acción colectiva.
No es un dato menor que la causa lleve su nombre.
“Kersich y otros” es la denominación con la que el expediente quedó instalado en la historia judicial argentina.
Para Crespo, la sentencia y las obras no pueden atribuirse a una sola persona.
Hay nombres conocidos y caras visibles, pero detrás hubo vecinos que aportaron tiempo, esfuerzo y recursos propios para viajar, participar de reuniones y sostener el reclamo durante años.
Algunos de ellos ya no están.
Por eso, la dirigente insistió en que el reconocimiento debe ser para todos quienes formaron parte de aquel proceso.
Una lucha sin cortes ni banderas
Otro de los aspectos destacados durante la conversación fue la forma en que se desarrolló el reclamo.
Todos por el Agua eligió una estrategia basada fundamentalmente en la información, la concientización, la presentación de documentación y el diálogo con las autoridades.
“Una cosa es que uno como concejal reclame, vaya y otra cosa es ver a los vecinos atrás del reclamo”, explicó Crespo.
La diferencia, sostuvo, estuvo precisamente en que detrás de cada gestión había una comunidad organizada.
Y puso como ejemplo las reuniones con funcionarios provinciales, las audiencias, los viajes y las distintas instancias en las que los vecinos tuvieron que explicar una y otra vez cuál era el problema.
El objetivo no era que una persona consiguiera una solución individual.
Era que el resultado alcanzara a toda la ciudad.
El episodio de CQC y una decisión que mostró el espíritu del grupo
Entre los recuerdos que aparecen en la reconstrucción de aquellos años está la llegada del programa CQC, que permitió que la problemática del agua de 9 de Julio tuviera una fuerte difusión nacional.
Crespo contó que el grupo inicialmente no quería exponerse en los medios nacionales.
Pero una propuesta de solución que consideraron insuficiente terminó modificando esa decisión.
Al mismo tiempo, ese mismo día consiguieron una audiencia en La Plata que venían solicitando desde hacía semanas.
La organización tuvo que dividirse.
Algunos viajaron a La Plata y otros permanecieron en 9 de Julio para participar de la cobertura.
Para Crespo, ese episodio refleja una característica que acompañó todo el proceso: no importaba quién aparecía en una nota o quién estaba en una reunión; lo importante era que el objetivo colectivo siguiera adelante.
Una sentencia que llega después de las obras
La particularidad de la resolución definitiva es que no se trata de una sentencia que obliga ahora a comenzar una obra que durante años no se hizo.
Las obras ya están.
La planta potabilizadora funciona y los análisis actuales permiten sostener que el agua de red en las zonas alcanzadas cumple con los parámetros establecidos.
Por eso, el fallo tiene una característica poco habitual: reconoce el reclamo de los vecinos y, al mismo tiempo, constata que aquello que se exigía judicialmente fue realizado.
La Justicia no tuvo que ordenar comenzar una obra pendiente durante años.
Tuvo que verificar lo realizado.
Y en ese sentido, el fallo también funciona como una fotografía del camino recorrido.
El antecedente de 2014
La historia de Kersich tampoco comienza ni termina con esta sentencia.
En 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino en el expediente y estableció un precedente de enorme importancia en materia de derecho al agua potable.
Aquel fallo convirtió al caso de 9 de Julio en una referencia que trascendió los límites del distrito.
Ahora, la sentencia definitiva vuelve a poner en discusión el parámetro de 0,01 mg/l de arsénico y el carácter colectivo del reclamo.
Por eso, desde la propia organización vecinal consideran que lo ocurrido en 9 de Julio puede servir como antecedente para otras comunidades que enfrentan problemas similares.
Después del fallo de 2014, recuerdan, comenzaron a llegar consultas desde distintos lugares del país.
Y el mismo fenómeno volvió a aparecer ahora.
“Acá no se termina nada”
A pesar de la satisfacción por la sentencia, Crespo evitó hablar de un punto final.
“Acá no se termina nada”, sostuvo.
La nueva etapa tiene que ver con mantener lo conseguido.
Controlar periódicamente la calidad del agua, garantizar que la planta continúe funcionando correctamente, acompañar el crecimiento de la ciudad y detectar rápidamente cualquier inconveniente.
Pero también queda pendiente una cuestión territorial: qué ocurre con los sectores que todavía no cuentan con la misma solución.
Entre ellos aparece Ciudad Nueva, donde existe una discusión sobre la alternativa más adecuada para garantizar el abastecimiento de agua potable.
Crespo planteó sus diferencias con la estrategia que actualmente se analiza y sostuvo que ese sector debería contar con una solución acorde a la cantidad de habitantes y a su crecimiento futuro.
La discusión ya no es solamente cómo solucionar el problema histórico del centro de la ciudad.
Ahora el desafío es que la calidad del agua sea un derecho efectivo para todos los vecinos.
Del “Todos por el Agua” al desafío de “Todos por 9 de Julio”
La historia que comenzó con un grupo de vecinos preocupados por el agua puede dejar una enseñanza que trasciende el arsénico.
Durante la entrevista apareció varias veces una idea: cuando una comunidad logra dejar de lado protagonismos individuales y concentra sus esfuerzos en un objetivo común, puede conseguir resultados que parecían difíciles de alcanzar.
El mismo concepto fue planteado como posible modelo para otros problemas que atraviesa 9 de Julio.
Si el agua pudo convertirse en una causa colectiva, la pregunta que queda planteada es si otros temas pendientes —como los caminos y las obras de infraestructura— pueden encontrar una dinámica similar.
La sentencia de Kersich cierra una etapa judicial.
Pero también deja una historia.
La de una comunidad que durante años reclamó, documentó, insistió y controló.
La de quienes estuvieron desde el comienzo y ya no pueden contar el final.
La de los 2.700 vecinos que decidieron poner su nombre detrás de una causa.
Y la de una ciudad que, después de 16 años, tiene una resolución judicial que reconoce aquello que los vecinos comenzaron a reclamar mucho antes: que el agua potable no es un privilegio ni una concesión, sino un derecho.
Ahora comienza otra tarea: cuidar lo conseguido y lograr que ese derecho alcance a cada rincón de 9 de Julio.
Agencia MTR