El exdiputado nacional Jorge Rivas presentó una iniciativa para impulsar el juicio político contra el presidente Javier Milei, los integrantes de su gabinete y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una entrevista con el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, sostuvo que existen múltiples fundamentos constitucionales para avanzar con el procedimiento y señaló que el objetivo es promover un debate público y reunir el respaldo político y social necesario para que la propuesta sea tratada en el Congreso.
Durante la entrevista, Rivas explicó que el juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución Nacional para remover a funcionarios que incurran en mal desempeño de sus funciones o cometan delitos en el ejercicio de sus responsabilidades. En ese sentido, consideró que la gestión de Milei acumula situaciones que, a su entender, podrían encuadrarse dentro de las causales contempladas en el artículo 53 de la Constitución.
Al ser consultado sobre los principales motivos para solicitar el juicio político al Presidente, el exlegislador identificó al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 como uno de los elementos centrales de su planteo. Según sostuvo, esa norma representa una de las expresiones más graves de lo que considera una vulneración del orden constitucional, tanto por sus consecuencias como por las facultades legislativas que, a su criterio, se atribuyó el Poder Ejecutivo.
Rivas también cuestionó que el Presidente gobierne mediante decretos, derogue disposiciones y no promulgue leyes sancionadas por el Congreso. Para el exdiputado, estas decisiones constituyen un avance del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Poder Legislativo y un funcionamiento institucional que se desarrolla al margen de las reglas republicanas.
Cuestionamientos al gabinete y a la política económica
Respecto de la inclusión de los ministros en la iniciativa, Rivas argumentó que existe una responsabilidad política compartida con el Presidente. Sostuvo que los integrantes del gabinete acompañan las decisiones del Poder Ejecutivo y que, por esa razón, también deben ser considerados dentro del planteo.
El exlegislador aclaró que el juicio político no tiene como finalidad aplicar sanciones penales, sino determinar la responsabilidad institucional de los funcionarios y, eventualmente, removerlos de sus cargos. La investigación y el castigo de delitos comunes, remarcó, corresponden al Poder Judicial.
Entre los fundamentos expuestos, mencionó el deterioro de la situación económica, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el impacto de las políticas gubernamentales sobre las condiciones de vida de la población.
Asimismo, denunció decisiones administrativas que, según su interpretación, estarían orientadas a la enajenación de infraestructura estratégica y recursos naturales del país. También cuestionó determinadas posiciones del Gobierno en materia de política exterior y consideró que comprometen la soberanía nacional y la paz regional.
Rivas apuntó contra la Corte Suprema
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que también contempla a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rivas cuestionó la actual composición del máximo tribunal y sostuvo que su funcionamiento presenta irregularidades que justifican, desde su perspectiva, un pedido de juicio político. Entre sus principales críticas, señaló que la Corte habría omitido ejercer plenamente su función de control de constitucionalidad sobre los actos del Poder Ejecutivo.
Además, denunció una presunta connivencia con el Gobierno nacional y cuestionó fallos que, según afirmó, habrían permitido avanzar sobre recursos estratégicos sin el debido control constitucional.
También hizo referencia a decisiones vinculadas con el Consejo de la Magistratura y acusó al tribunal de haberse atribuido facultades legislativas. En particular, cuestionó una sentencia mediante la cual, según explicó, la Corte volvió a otorgar vigencia a una ley que había sido derogada por el Congreso para resolver un caso concreto.
En ese contexto, Rivas lanzó fuertes críticas contra los integrantes del máximo tribunal y consideró que sus actuaciones representan un problema para la división de poderes.
Cómo se tramita el pedido de juicio político
Durante la entrevista, el exdiputado aclaró que la iniciativa no depende de una recolección de firmas ciudadanas para ingresar formalmente al Congreso. Explicó que el escrito debe presentarse directamente en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados y luego ser girado a la Comisión de Juicio Político.
Según indicó, este es el octavo pedido de juicio político presentado durante la actual etapa política, aunque cuestionó que la comisión, presidida por representantes de La Libertad Avanza, no haya avanzado en el tratamiento de las presentaciones anteriores.
Rivas detalló que el procedimiento establece que la comisión debe analizar inicialmente la admisibilidad de la denuncia. Si considera que existen elementos suficientes, puede abrir un sumario, reunir pruebas y garantizar el derecho de defensa de los funcionarios denunciados.
Si posteriormente emite un dictamen favorable a la acusación, el expediente pasa al recinto de Diputados. Para aprobar la acusación se necesitan los dos tercios de los votos de los miembros presentes.
En caso de alcanzar esa mayoría, la Cámara baja designa a uno o más diputados para sostener la acusación ante el Senado, donde también se requiere una mayoría de dos tercios de los miembros presentes para declarar la responsabilidad política del funcionario y disponer su destitución.
El exlegislador aclaró que los fiscales no intervienen en este procedimiento, dado que se trata de un mecanismo constitucional de naturaleza política y no de un proceso penal.
Una campaña de alcance internacional
Consultado sobre la posibilidad de llevar la denuncia ante organismos internacionales, Rivas explicó que esa alternativa todavía se encuentra en etapa de análisis. Sin embargo, confirmó que ya lanzaron una campaña internacional que, según afirmó, tuvo una importante repercusión en distintos países, especialmente de América Latina y Europa.
El dirigente reconoció que conseguir los votos necesarios en el Congreso representa un desafío considerable, pero sostuvo que la iniciativa busca también generar conciencia social y reunir distintas demandas en un reclamo común.
En ese sentido, convocó a la ciudadanía a participar de la campaña y manifestó que considera al juicio político como una herramienta constitucional para remover a funcionarios que, a su entender, incurren en faltas graves.
“Cada día de gobierno de Milei genera daños irreparables a la mayoría de nuestro pueblo”, sostuvo Rivas, quien llamó a movilizarse para revertir el rumbo político y económico del país.
El caso Flavio Bolsonaro y las responsabilidades del Gobierno argentino
En otro tramo de la entrevista, Rivas se refirió al episodio relacionado con Flavio Bolsonaro, quien ingresó a la Argentina cuando, según se planteó durante la conversación, tenía restricciones judiciales para abandonar Brasil y posteriormente habría viajado hacia Estados Unidos con asistencia del Gobierno argentino.
El exdiputado calificó el hecho como un problema institucional de gravedad y cuestionó la actuación de las autoridades nacionales.
Sostuvo que no debe naturalizarse que el Gobierno argentino haya tenido un papel clave en lo que describió como un dispositivo para facilitar la salida de Bolsonaro de Brasil. También consideró que el episodio podría comprometer los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.
Rivas señaló que, aunque desde el Gobierno argentino se habría argumentado que el ingreso se produjo con documentación en regla y sin alertas de Interpol, existe una cuestión institucional que debe ser esclarecida: la presunta desatención de una medida cautelar del Supremo Tribunal Federal de Brasil que le prohibía salir de ese país y le ordenaba entregar sus pasaportes.
Si bien reconoció que el episodio está siendo investigado por la Justicia argentina, manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que esa investigación alcance a todos los funcionarios eventualmente involucrados.
Finalmente, dejó una reflexión sobre el comportamiento que espera de los dirigentes políticos: “Elijo creer que el pueblo prefiere un líder que respete la ley y se subordine a ella como cualquier líder democrático”.
Para Rivas, el respeto a las normas y a las instituciones constituye una condición indispensable para el ejercicio democrático del poder, independientemente de la legitimidad electoral de quien ocupa la Presidencia.
Agencia MTR