La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves 22 de octubre un nuevo proyecto de ley destinado a fortalecer y dar carácter permanente a las políticas de protección para las personas con discapacidad.
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una sesión marcada por intensas negociaciones entre distintos bloques políticos.
El proyecto obtuvo media sanción y deberá ser tratado ahora por el Senado de la Nación, por lo que todavía no se encuentra vigente como nueva legislación.
Un nuevo régimen permanente para el sistema de discapacidad
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es transformar en permanentes varias de las medidas contempladas actualmente dentro de la emergencia en discapacidad.
El proyecto retoma buena parte de los beneficios establecidos por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero propone eliminar el carácter transitorio de esas medidas y establecer obligaciones permanentes para el Estado nacional.
Entre los principales puntos se encuentran la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, la cobertura sanitaria, las prestaciones y el financiamiento del sistema.
También se contempla la posibilidad de compatibilizar determinadas actividades laborales con el cobro de una pensión, con el objetivo de evitar que el acceso a un empleo implique automáticamente la pérdida del beneficio.
Qué establece sobre las prestaciones
Otro de los aspectos centrales del proyecto es el denominado nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, que fija valores de referencia para los diferentes servicios y tratamientos.
La iniciativa plantea mantener el principio de aranceles homogéneos en todo el territorio nacional y establece mecanismos de actualización destinados a evitar que los valores queden atrasados frente al incremento de los costos.
El punto resulta especialmente relevante para instituciones, profesionales, centros terapéuticos y familias que dependen de la continuidad de tratamientos y prestaciones.
Además, el texto contempla cuestiones vinculadas con la cobertura de salud, el financiamiento y los mecanismos de auditoría y control.
Sin embargo, durante el debate varios legisladores remarcaron que la aprobación de una ley no garantiza por sí misma su aplicación si no se asignan los recursos necesarios.
Un acuerdo político que permitió la aprobación
La aprobación fue posible después de una negociación entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y distintos bloques dialoguistas.
Uno de los protagonistas de las conversaciones fue el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, quien impulsó modificaciones sobre el proyecto original con el objetivo de acercar posiciones entre los distintos sectores.
Desde La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado destacó el acuerdo alcanzado y valoró el trabajo realizado para reunir a sectores que mantenían fuertes diferencias políticas.
La legisladora también buscó llevar tranquilidad respecto de la relación entre la nueva normativa y el Presupuesto 2027, ante las dudas planteadas durante el debate sobre la disponibilidad de recursos.
Unión por la Patria justificó su acompañamiento
El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, defendió la decisión de acompañar el proyecto, aunque reconoció que el texto todavía podía ser mejorado.
Durante su intervención, sostuvo que gran parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad quedó incorporada al nuevo proyecto y remarcó la importancia de los avances alcanzados durante la negociación parlamentaria.
Martínez también puso el foco en el debate presupuestario y señaló que el cumplimiento efectivo de las medidas dependerá de las decisiones que tome el Congreso respecto de los recursos destinados al sector.
Más de 324 mil solicitudes de pensiones pendientes
Uno de los reclamos más fuertes durante la sesión estuvo relacionado con las pensiones por discapacidad.
El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, aseguró que existen 324.303 solicitudes de pensión por discapacidad pendientes de resolución y sostuvo que solamente unas 8.000 habían recibido el alta, según los datos expuestos durante el debate.
Marino explicó que su bloque decidió negociar luego de advertir que no estaban los votos suficientes para avanzar con una prórroga de la emergencia.
Según relató, las conversaciones con organizaciones vinculadas a la discapacidad tuvieron como objetivo conseguir modificaciones que permitieran avanzar con un proyecto que no implicara retrocesos en los derechos reconocidos.
El legislador también destacó las movilizaciones realizadas por personas con discapacidad, familiares e instituciones para reclamar la aplicación de políticas de protección y cuestionar las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
Críticas por el financiamiento de Incluir Salud
El financiamiento del sistema fue otro de los principales puntos de discusión.
Durante el debate, Marino advirtió sobre un supuesto recorte del 13,9% para Incluir Salud contemplado, según su análisis, en el proyecto de Presupuesto nacional.
El diputado cuestionó que una reducción de esas características pueda coincidir con una legislación que busca ampliar y garantizar derechos para las personas con discapacidad.
También alertó sobre la situación de los prestadores y, particularmente, de los centros de día, que atraviesan dificultades económicas debido al aumento de los costos y a la actualización de los aranceles.
La discusión sobre el nomenclador y los valores de las prestaciones quedó así directamente vinculada con el debate presupuestario que continuará en el Congreso.
Tolosa Paz pidió garantizar los recursos
La diputada Victoria Tolosa Paz valoró las modificaciones introducidas durante las negociaciones y sostuvo que permitieron corregir aspectos que, según señaló, dejaban afuera derechos fundamentales.
La legisladora destacó especialmente el rol de las organizaciones de personas con discapacidad y la participación de distintos bloques en la búsqueda de un texto consensuado.
De todos modos, remarcó que la media sanción constituye solamente un paso dentro del proceso legislativo.
El desafío, sostuvo, será garantizar los recursos necesarios para que los derechos establecidos puedan cumplirse efectivamente.
Ferraro acompañó, pero cuestionó al Gobierno
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, también anunció su acompañamiento al proyecto modificado.
El legislador destacó el trabajo realizado durante la negociación y la participación de organizaciones y familias de personas con discapacidad, aunque aclaró que su voto favorable no representaba un respaldo a la gestión del Gobierno nacional.
Ferraro reclamó que el Senado avance con rapidez en el tratamiento del proyecto y cuestionó duramente la política oficial hacia el sector.
También hubo rechazo al acuerdo
A pesar de la amplia mayoría conseguida, la iniciativa no tuvo un respaldo unánime.
La diputada cordobesa Natalia de la Sota cuestionó el acuerdo alcanzado y sostuvo que las organizaciones de personas con discapacidad de Córdoba habían reclamado la continuidad de la emergencia.
Su principal preocupación estuvo vinculada con la falta de garantías sobre el financiamiento de las medidas previstas.
También pidió una mayor participación de las organizaciones antes de avanzar con la aprobación definitiva.
Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó el dictamen consensuado y manifestó sus dudas sobre el cumplimiento efectivo de la futura ley por parte del Poder Ejecutivo.
El proyecto ahora debe ser tratado por el Senado
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto inicia ahora una nueva etapa legislativa.
La iniciativa deberá ser analizada por el Senado, donde se definirá si finalmente se convierte en ley.
Mientras tanto, el debate por la discapacidad continuará atravesado por dos cuestiones centrales: la necesidad de garantizar derechos y prestaciones y la disponibilidad de los recursos presupuestarios para hacerlos efectivos.
La aprobación en Diputados representa un avance legislativo, pero el recorrido todavía no terminó. La eventual sanción definitiva y, posteriormente, la aplicación de las medidas serán las próximas instancias que determinarán el alcance real del nuevo régimen.
Agencia MTR