La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su disconformidad con las nuevas restricciones dispuestas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) respecto del uso de cheques como instrumento de cobro y pago en el mercado de capitales.
Desde la entidad señalaron que la medida tiene un impacto particular sobre el sector agropecuario, debido a la utilización habitual de distintos instrumentos de financiamiento para sostener el capital de trabajo y afrontar los ciclos productivos.
CARBAP advirtió, además, que el alcance de las nuevas disposiciones no se limita al campo, sino que también puede repercutir sobre las pequeñas y medianas empresas y otras firmas productivas que utilizan el cheque como una herramienta habitual para administrar sus recursos y obligaciones.
La entidad reconoció que el Estado puede establecer mecanismos destinados a incrementar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones financieras. Sin embargo, sostuvo que esos objetivos no deberían alcanzarse mediante restricciones que terminen afectando instrumentos utilizados legítimamente por productores y empresas.
En ese sentido, CARBAP planteó su preocupación por el posible traslado de mayores costos al sector productivo, particularmente en un contexto en el que el acceso al financiamiento y las condiciones del crédito resultan determinantes para sostener la actividad.
Otro de los puntos señalados por la organización rural es la falta de previsibilidad que, según indicó, generan modificaciones regulatorias realizadas en períodos cortos. Para CARBAP, los cambios en las reglas de funcionamiento dificultan la planificación financiera de productores y empresas, que deben organizar con anticipación sus necesidades de capital de trabajo.
“La Argentina necesita reducir costos, ampliar el acceso al crédito y generar reglas estables para producir e invertir”, sostuvo la entidad al expresar su posición frente a las nuevas restricciones.
Desde CARBAP remarcaron que cualquier modificación sobre los instrumentos utilizados para financiar la actividad productiva debería contemplar sus efectos concretos sobre las empresas y los productores.
Finalmente, la Confederación consideró necesario revisar la medida y propuso abrir una instancia de diálogo con los sectores involucrados para analizar su impacto sobre el financiamiento y el funcionamiento cotidiano de las empresas productivas.
El planteo se suma a la preocupación expresada por sectores del ámbito agropecuario y empresario ante cambios regulatorios que puedan incrementar los costos financieros o limitar las herramientas disponibles para sostener el capital de trabajo.
Agencia MTR